Coalición Canaria vuelve a reclama al Estado la reactivación del convenio de canje de carnets de conducir con Venezuela

Coalición Canaria ha reiterado su petición al Gobierno de España para que reactive el Convenio de Canje de Permisos de Conducir con Venezuela, un acuerdo firmado en 2005 que funcionó durante más de una década y que permitió a miles de ciudadanos con doble vinculación obtener el permiso español sin tener que afrontar altos costes ni repetir exámenes. Su paralización, advierte la formación, está afectando especialmente a los venezolanos retornados.

El secretario ejecutivo de Políticas en el Exterior de Interculturalidad de la formación y director general de Emigración, José Téllez, señaló que la falta de homologación “pone en riesgo la capacidad de estas personas para acceder al mercado laboral, a los servicios básicos y, en general, a un proceso de integración digno”. Recordó que, en la actualidad, los repatriados deben afrontar un gasto que oscila entre 1.500 y 2.500 euros para obtener un nuevo permiso de conducir, lo que supone “una barrera difícil de superar para muchas familias”.

Desde el Parlamento de Canarias y el Congreso de los Diputados, la diputada nacionalista Cristina Valido ha promovido iniciativas para que el Estado busque una vía “segura y eficaz” que permita restablecer el canje mediante mecanismos de verificación documental. Coalición Canaria insiste en que es “imprescindible” recuperar un marco de cooperación bilateral que facilite la movilidad y la inserción laboral de la comunidad retornada.

Nacionalidad y discriminación por línea materna

Coalición Canaria también ha trasladado su preocupación por la gestión de los procesos de obtención de la nacionalidad española contemplados en la Ley de Memoria Democrática. Téllez recordó que Valido ha solicitado aclaraciones al Gobierno tras constatar que se están concediendo nacionalidades a descendientes por línea paterna —abuelo o bisabuelo—, mientras que los solicitantes cuya ascendencia proviene de una abuela o bisabuela no están recibiendo el mismo trato.

El partido reclama conocer qué medidas prevé adoptar el Ejecutivo para corregir esta situación, cuántos expedientes permanecen pendientes en los consulados de Venezuela, Argentina, Uruguay y Cuba, y en qué plazos se estima su resolución. Asimismo, ha solicitado información sobre los recursos humanos extraordinarios en estas oficinas, que sufren una notable saturación.

Téllez insistió en la necesidad de una ley estable y permanente que sustituya la actual lógica de normativas temporales que expiran cada pocos años, generando colapsos administrativos y nuevas desigualdades: “No podemos seguir avanzando con leyes que solo están vigentes 24 meses cada tres lustros”.

Preocupación por las prestaciones por razón de necesidad

La formación nacionalista también expresó su inquietud ante la situación de las prestaciones por razón de necesidad destinadas a los canarios residentes en Venezuela, Argentina, Uruguay y Cuba. La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado —advirtió Téllez— podría poner en riesgo la continuidad de estas ayudas, esenciales para garantizar el bienestar de ciudadanos que viven en países afectados por crisis económicas persistentes.

En esta línea, la diputada Valido ha registrado tres preguntas escritas dirigidas al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para conocer cuántas prestaciones se concedieron en 2023, 2024 y 2025, cuántas están aún pendientes y cuántas han sido finalmente resueltas.

Coalición Canaria concluye que el Estado debe actuar “con urgencia y responsabilidad” para proteger los derechos de la diáspora canaria y de los retornados, y para evitar que problemas administrativos o presupuestarios agraven situaciones ya de por sí vulnerables.