CODEU alerta de la incertidumbre sobre el voto CERA de cientos de miles de españoles ante las elecciones del 29 de noviembre

COMUNICADO

La organización reclama al Supremo, la Junta Electoral Central y el Gobierno una respuesta antes del 29 de noviembre para garantizar el derecho al voto de los españoles afectados por la medida

En la imagen un pasaporte español
En la imagen un pasaporte español | Europa Press

La Coalición de Descendientes de Españoles Unidos (CODEU) ha alertado de la incertidumbre que, a su juicio, persiste sobre el derecho al voto de cientos de miles de españoles residentes en el exterior tras la medida cautelar adoptada por el Tribunal Supremo en relación con determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

La organización recuerda que el pasado 5 de octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre de 2026, con lo que el calendario electoral ya se encuentra en marcha.

Según CODEU, el origen de la situación se encuentra en la decisión adoptada el pasado 8 de septiembre por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que estimó una medida cautelar contra el acuerdo de la Junta Electoral Central del 16 de julio y suspendió sus efectos electorales en relación con determinadas inscripciones en el CERA vinculadas a la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.

La organización señala que entre 369.017 y 408.262 personas obtuvieron la nacionalidad española por esta vía y se encuentran afectadas por la medida cautelar, según las cifras manejadas por la Abogacía del Estado y por el propio Tribunal Supremo. Dentro de este grupo, CODEU destaca los 168.896 expedientes correspondientes al supuesto de la denominada «presunción de exiliado», que afecta a personas que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

CODEU sostiene que estos expedientes deben ser revisados individualmente y advierte de las dificultades para completar el proceso, entre otras razones por la falta de integración de datos entre el Registro Civil Consular y la Oficina del Censo Electoral sobre la vía concreta por la que cada persona adquirió la nacionalidad.

La organización asegura además que el Gobierno ha advertido de que la certificación de esos 168.896 expedientes podría no estar finalizada antes del 1 de enero de 2027, una fecha posterior a la celebración de las elecciones generales. A juicio de CODEU, esta circunstancia mantiene abierta la incertidumbre sobre la situación electoral de las personas afectadas.

CODEU reclama una resolución antes de las elecciones

La Coalición considera que la situación no puede quedar reducida a una cuestión administrativa y reclama una respuesta urgente del Tribunal Supremo, la Junta Electoral Central y el Gobierno de España. CODEU sostiene que el artículo 23 de la Constitución reconoce el derecho de participación política y defiende que la incertidumbre sobre si un voto será contabilizado puede afectar al ejercicio efectivo de ese derecho.

La organización pone además el foco en el tratamiento de quienes adquirieron la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática. En su comunicado, defiende que la nacionalidad española debe comportar los mismos derechos con independencia de la vía por la que haya sido adquirida y rechaza que pueda establecerse una diferenciación entre ciudadanos españoles en función de la fecha o del procedimiento utilizado para obtenerla.

CODEU subraya que no toma posición a favor de ningún candidato ni formación política y que su pronunciamiento se limita a reclamar igualdad en el ejercicio del derecho de sufragio para los españoles residentes en el exterior.

La entidad recuerda que el CERA ronda los 2,74 millones de electores, cerca del 7% del censo total, y considera que el volumen de ciudadanos afectados convierte la situación en una cuestión de relevancia electoral y democrática.

Por ello, CODEU reclama que antes del 29 de noviembre las instituciones competentes establezcan con claridad cómo se aplicará la medida cautelar y qué ciudadanos podrán ejercer y ver contabilizado su voto. La organización asegura que continuará informando a la comunidad española en el exterior y recomienda contrastar cualquier novedad con fuentes oficiales.

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