CSIF exige refuerzo de personal en los consulados y alerta del "riesgo de colapso" por las solicitudes de nacionalidad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado un refuerzo urgente de las plantillas en los consulados españoles de Latinoamérica ante el "riesgo de colapso" derivado del elevado volumen de solicitudes de nacionalidad española presentadas al amparo de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como la "Ley de Nietos".

El sindicato también ha pedido "respeto y protección" para el personal funcionario destinado en el exterior y ha reclamado que su trabajo quede al margen del debate político generado en torno a la aplicación de esta norma.

Según los datos recopilados por CSIF, las embajadas con mayor carga de trabajo cuentan con plantillas limitadas de funcionarios. En México trabajan 114 empleados, de los que 18 son funcionarios; en Argentina, 200 trabajadores, con 20 funcionarios; y en Cuba, 65 empleados, de los cuales 18 pertenecen al cuerpo funcionarial. El sindicato recuerda que los expedientes de nacionalidad deben ser tramitados y validados por los cónsules.

CSIF asegura que se estudia la posibilidad de incorporar apoyo externo para hacer frente al incremento de solicitudes. En Argentina se analiza la colaboración de la empresa pública Ineco, mientras que en Cuba podría recurrirse a Palco, empresa dependiente del Gobierno cubano a través de la cual se canalizan las contrataciones de personal local por parte de España.

Asimismo, el sindicato señala que una situación similar se está produciendo en España con la participación de Tragsa y Tragsatec para apoyar los procesos de regularización de personas extranjeras.

Ante esta situación, CSIF reclama que las plantillas se adapten al volumen real de trabajo mediante la incorporación de empleados públicos, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica en el tratamiento de los datos personales y evitar la sobrecarga de los funcionarios encargados de resolver los expedientes.

El sindicato rechaza que empresas de terceros países puedan participar en la validación documental y recuerda que la legislación española reserva a los funcionarios de carrera las funciones que impliquen el ejercicio, directo o indirecto, de potestades públicas o la salvaguarda de los intereses generales.

Por ello, CSIF insta al Gobierno a dotar de más medios materiales y humanos a los consulados españoles en el exterior y a proteger la independencia de los empleados públicos, para que puedan desempeñar su labor "al margen del debate y el enfrentamiento político" suscitado por la aplicación de la Ley de Memoria Democrática.