El CGCEE urge al Congreso a reformar la nacionalidad y más recursos para atender a los más de 3,2 millones de españoles en el exterior

La presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), Violeta Alonso, compareció este jueves en la Congreso de los Diputados para dar cuenta de las resoluciones aprobadas en el último pleno.

La intervención tuvo lugar en el seno de la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, y supuso, según destacó la propia Alonso, un paso relevante en la consolidación de un canal estable de diálogo institucional entre el Consejo y las Cortes Generales.

Durante su comparecencia, Alonso explicó la magnitud y complejidad de la ciudadanía española en el exterior, que supera ya los 3,2 millones de personas. Un colectivo heterogéneo que engloba tanto a emigrantes históricos como a nuevas generaciones que salieron del país tras la crisis de 2008, así como a descendientes de españoles repartidos por todo el mundo.

La presidenta del CGCEE se refirió al crecimiento sostenido de la población residente en el exterior, que se ha duplicado en apenas una década, pasando de aproximadamente 1,5 millones en 2010 a la cifra actual. Un aumento que, a su juicio, exige adaptar las políticas públicas a una realidad cada vez más diversa y numerosa.

En materia de nacionalidad, Alonso valoró el impacto de la Ley de Memoria Democrática, que ha permitido reconocer el derecho a miles de descendientes de españoles. No obstante, consideró necesario avanzar hacia una reforma más amplia del Código Civil que elimine limitaciones temporales y evite situaciones de exclusión. También abogó por facilitar la doble nacionalidad y evitar la pérdida involuntaria de este derecho en determinados países.

Otro de los aspectos más relevantes de su intervención fue la situación de la red consular. La presidenta del Consejo advirtió de la sobrecarga que sufren muchos consulados, especialmente tras el elevado volumen de solicitudes derivadas de la ley de memoria democrática. En este sentido, reclamó más personal, recursos y medidas de digitalización que permitan mejorar la atención a los ciudadanos.

En lo relativo al voto, Alonso valoró positivamente la eliminación del voto rogado, aunque alertó de que persisten dificultades para ejercer el derecho al voto desde el extranjero, como problemas en el voto por correo o la escasez de puntos de votación. Asimismo, planteó la necesidad de estudiar la creación de una circunscripción electoral exterior, como ya existe en otros países europeos.

La comparecencia también abordó cuestiones sociales, entre ellas la protección de mujeres víctimas de violencia de género en el exterior. Alonso señaló carencias en la asistencia psicológica y jurídica en muchos países y defendió la necesidad de garantizar una protección equivalente a la existente en España.

En materia sanitaria, destacó los avances recientes en la atención durante estancias temporales en España, aunque advirtió de que aún existen desigualdades entre españoles de origen y no de origen. El ámbito educativo fue otro de los ejes de su intervención, con especial referencia a las aulas de lengua y cultura española en el extranjero. Alonso alertó de la falta de recursos en estos programas, pese al incremento del número de alumnos en los últimos años, y defendió su importancia para mantener el vínculo cultural y facilitar procesos de retorno.

Precisamente, sobre el retorno, insistió en la necesidad de políticas más eficaces, que incluyan mejoras en la homologación de títulos, cuyos plazos siguen superando los seis meses establecidos por la normativa.

Por último, la presidenta del CGCEE hizo referencia al futuro desarrollo del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, cuyo reglamento espera que se apruebe próximamente, insistiendo en que deberá ir acompañado de financiación suficiente para evitar que quede en una mera declaración de intenciones.