La diáspora española, contra la decisión del Supremo: "No somos ciudadanos de segunda"

La decisión del Tribunal Supremo de suspender de manera cautelar el derecho al voto de quienes accedieron a la nacionalidad española en virtud de la denominada ley de nietos ha provocado una queja unánime de los organismos y asociaciones que representan a los españoles en el exterior.

Así, el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior ha expresado su "profunda preocupación y firme rechazo" ante una medida que, según advierte, afecta directamente a la participación política de personas cuya nacionalidad ha sido reconocida conforme a la legislación vigente. "La nacionalidad debe llevar aparejado el pleno ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico", argumenta antes de hacer hincapié en que el voto es "un derecho fundamental reconocido por la Constitución".

Por tanto, no sin pedir que la situación se resuelva "con la máxima urgencia" para garantizar la igualdad de los españoles que viven fuera de las fronteras, defiende que "no deben establecerse diferencias" en los derechos con los que cuentan los españoles, sea cual sea la vía por la que han obtenido esa condición.

"Crisis democrática"

"¿Puede el Estado crear ciudadanos y después impedirles temporalmente comportarse como ciudadanos?", se pregunta la plataforma Diáspora Española por Más Derechos, para acabar sentenciando que "los españoles residentes fuera del país no son ciudadanos de segunda categoría".

Además, para esta entidad, la medida cautelar dictada por el Supremo abre "una crisis democrática y jurídica", al tiempo que rompe la confianza de los ciudadanos en las decisiones del Estado que les acaba de dar el pasaporte.

Legislación comparada

Por parte del Centro de Descendientes Españoles Unidos, la preocupación ante la decisión del Supremo también es máxima, en la medida que introduce dudas sobre el cauce legal para conceder nuevas nacionalidades o los controles sobre los expedientes, y también sobre su comportamiento electoral.

"Pretender tutelar o restringir de forma anticipada la dirección de este derecho fundamental constituiría un agravio que faltaría a la propia madurez e inteligencia de los votantes", recalca Ce.DEU, que recuerda que en España hubo seis leyes previas para conceder la nacionalidad a descendientes, que Portugal amplió este derecho hasta los bisnietos y que Italia llegó a incorporar a los tataranietos de sus emigrados.