El Supremo paraliza el derecho al voto de los beneficiarios de la ley de nietos hastas que acrediten ser hijos o nietos de exiliados

memoria democrática

Vox y PP celebran la suspensión cautelar, y el gobierno urge al alto tribunal para que dictamine definitivamente "antes" de las elecciones del año que viene ante la "gravedad" de impedir votar a nacionalizados españoles

Fachada del Tribunal Supremo de España
Fachada del Tribunal Supremo de España | Europa Press

El Tribunal Supremo de España ha aceptado parcialmente la petición de Vox y la asociación Iustitia Europa y, así, ha decidido suspender de manera cautelar el voto para los inscritos en el censo electoral de residentes ausentes tras acceder a la nacionalidad española en virtud de la denominada ley de nietos hasta que acrediten que son hijos o nietos de exiliados.

En todo caso, los magistrados dictaminan que se debe continuar con la tramitación del expediente de aquellas personas que han obtenido la nacionalidad española a través de esa disposición adicional de la Ley de memoria democrática pero que aún no han sido incorporadas al listado de emigrantes con derecho a voto.

De este modo, los nuevos inscritos en el CERA verán sus derechos electorales suspendidos de cara a los comicios que se celebren hasta que se dicte sentencia.

Esta decisión del alto tribunal llega tan solo un día después de la vista convocada para escuchar a las partes, tanto la Abogacía del Estado como el partido de ultraderecha y la mencionada entidad. En esa cita, la defensa del gobierno se posicionó en contra de suspender el derecho a voto de los nuevos ciudadanos españoles, que "adquirieron la nacionalidad por un acto administrativo firme", mientras los recurrentes alegaban que estaba en juego "la certeza misma del proceso democrático".

Una vez conocida la decisión del Supremo, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha sostenido que el gobierno de España "no comparte" esa suspensión cautelar, y posteriormente el titular de Justicia, Félix Bolaños, ha urgido al alto tribunal para que dictamine definitivamente "antes" de las elecciones del año que viene, que serán generales, municipales y autonómicas en buena parte de España, dada la "gravedad" de restringir el derecho al voto a personas que tienen la nacionalidad.

Precisamente con esas citas en mente, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, se ha felicitado por haber "logrado detener el objetivo de Pedro Sánchez de perpetrar un golpe" a través de las urnas.

Desde el PP, que no judicializó el caso, su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado que el pronunciamiento del alto tribunal le da la razón. En democracia, ha incidido la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, "es el pueblo el que elige al poder y no al revés" y "hoy el Tribunal Supremo se lo ha tenido que recordar a Sánchez".

En cambio, para la otra pata del gobierno, esta medida acordada por el Supremo supone "la enésima prueba de que el Poder Judicial no quiere que este gobierno gobierne". "Resulta muy difícil para ninguna persona progresista en este país confiar en la Justicia en estos momentos", ha abundado la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, para quien se abre el camino a "una deriva antidemocrática peligrosísima, porque restringe el derecho al voto a quienes cumplen el requisito para ello"

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