El futuro Reglamento de la Ciudadanía Exterior reforzará derechos y facilitará el retorno, según Migraciones

El Reglamento de la Ciudadanía Española en el Exterior es uno de los ejes estratégicos del balance del año 2025 presentado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Un marco legal que traerá "avances" históricos en empleo, protección social e inclusión. Y es que según el Ministerio, "tras un año de crecimiento sólido y ampliación de derechos, el Gobierno mira a 2026 con el objetivo de reforzar la atención a los españoles residentes fuera del país y a quienes decidan regresar"

El Ministerio ha confirmado que el futuro Reglamento, actualmente en fase de estudio de las aportaciones recibidas durante la consulta pública previa, permitirá "mejorar la protección social, administrativa y de derechos de la ciudadanía española en el exterior", así como facilitar los procesos de retorno. Una vez culminados los trámites técnicos y jurídicos, el texto será remitido al Consejo de Estado para su dictamen, con la previsión de que pueda ser aprobado a lo largo de 2026 por el Consejo de Ministros.

Este anuncio se produce en un año especialmente significativo para las políticas sociales y de empleo. En 2025, España ha alcanzado un récord histórico de afiliación a la Seguridad Social, superando por primera vez los 21,8 millones de personas ocupadas, tras sumar más de medio millón de nuevos afiliados en los últimos doce meses. Un crecimiento que el Ministerio califica de estable y de calidad, con especial presencia en sectores de mayor valor añadido.

En este contexto, la afiliación de trabajadores de otros países ha superado los 3,1 millones de personas, lo que representa ya en torno al 14% del total de cotizantes, con un crecimiento especialmente relevante en comunidades como Asturias, Galicia o Extremadura. Para la ministra Elma Saiz, este dato confirma que la migración es “un motor fundamental del empleo, la cohesión social y la respuesta al reto demográfico”.

El balance del año recoge también importantes avances en derechos sociales, como la revalorización de casi 13 millones de pensiones y prestaciones, la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado del menor de 16 a 19 semanas —y hasta 32 semanas en familias monoparentales—, o el refuerzo del Ingreso Mínimo Vital, que ya ha llegado a más de 3,3 millones de personas, con un impacto destacado en la lucha contra la pobreza infantil.

En materia migratoria, 2025 ha estado marcado por la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería, que ha duplicado las solicitudes para residir y trabajar en España, y por avances en integración, como la incorporación al mercado laboral del 62% de los menores no acompañados. Todo ello dibuja un escenario en el que el próximo Reglamento de la Ciudadanía Exterior cobra especial relevancia, al conectar las políticas de migración, retorno, empleo y derechos sociales.

“El Gobierno mira a 2025 con orgullo por lo logrado y a 2026 con responsabilidad por lo que viene”, ha señalado la ministra Elma Saiz, subrayando que el objetivo es seguir ampliando derechos y consolidar un modelo de país “referente en derechos humanos, integración y cohesión social”. En ese horizonte, el nuevo Reglamento de la Ciudadanía Exterior se perfila como una herramienta clave para reforzar el vínculo con la diáspora española y garantizar un retorno con derechos plenos.