Un informe del Gobierno plantea dos futuros para España según la evolución de la migración hasta 2075

La Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE) ha presentado el informe “España ante el reto migratorio: dos futuros posibles”, un ambicioso documento que analiza, con horizonte en 2075, cómo la evolución de los flujos migratorios condicionará el desarrollo demográfico, económico y territorial del país en las próximas décadas.

El estudio, elaborado junto a un grupo multidisciplinar de expertos en migraciones, economía y políticas públicas, fue dado a conocer este miércoles en la Fundación Ortega-Gasset y Gregorio Marañón. El acto sirvió también como punto de partida para un debate más amplio sobre el papel estructural de la migración en sociedades envejecidas como la española.

Dos escenarios para un mismo país

El informe plantea un ejercicio de prospectiva basado en dos posibles escenarios. El primero contempla que España mantenga niveles de inmigración similares a los actuales, mientras que el segundo proyecta una reducción del 30% en los flujos migratorios respecto a las estimaciones oficiales.

A partir de estos supuestos, el documento analiza el impacto en variables clave como el crecimiento económico, el mercado laboral, la sostenibilidad del sistema de pensiones, la prestación de servicios públicos o el equilibrio territorial.

Las conclusiones son claras: la migración será un factor decisivo para sostener el modelo social y económico. En el escenario de baja inmigración, España afrontaría un acusado declive demográfico. La población podría reducirse en torno a un 25%, hasta situarse en unos 40 millones de habitantes en 2075.

La caída sería aún más significativa en la población en edad de trabajar, que se reduciría en nueve millones de personas respecto al escenario de continuidad. Este descenso tendría efectos directos en la actividad económica, limitando la capacidad productiva del país.

Impacto en la economía y el empleo

El informe estima que, en un escenario de menor inmigración, el Producto Interior Bruto sería un 22% inferior. Esta pérdida de dinamismo económico se trasladaría a todos los sectores productivos, con especial incidencia en aquellos más dependientes de la mano de obra.

La hostelería, uno de los pilares de la economía española, podría ver cómo el aumento de vacantes sin cubrir deriva en el cierre de hasta 90.000 establecimientos, cerca de la mitad de los actuales. En el sector agrario, la falta de trabajadores podría provocar la desaparición de unas 220.000 explotaciones, comprometiendo la producción de alimentos básicos.

El mercado laboral, además, sufriría tensiones crecientes, con dificultades para cubrir puestos en sectores esenciales. Esta situación repercutiría en el conjunto de la economía, reduciendo la competitividad y el crecimiento a largo plazo.

Pensiones y servicios públicos en riesgo

Uno de los aspectos más sensibles que aborda el informe es la sostenibilidad del sistema de bienestar. Con menos población activa y una estructura demográfica más envejecida, el sistema de pensiones se vería sometido a una fuerte presión.

Según las estimaciones, cada trabajador tendría que aportar unos 2.000 euros adicionales al año para mantener el nivel actual de las pensiones en un escenario de baja inmigración.

Los servicios públicos tampoco quedarían al margen. El documento alerta de una posible pérdida de 63.000 médicos especialistas, lo que comprometería seriamente la atención sanitaria. En el ámbito educativo, se estima el cierre de 32.000 aulas de primaria y 18.000 de secundaria debido al descenso de la población infantil.

Despoblación y desequilibrios territoriales

El impacto de la reducción migratoria sería especialmente intenso en las zonas rurales y en provincias que ya sufren problemas de despoblación. Territorios como Soria, Teruel o Huesca podrían perder hasta un 28% de su población, agravando el desequilibrio territorial.

La migración, señala el informe, no solo contribuye al crecimiento demográfico, sino que también desempeña un papel clave en la cohesión territorial, ayudando a mantener actividad económica y servicios en zonas en declive.

Un escenario alternativo: crecimiento y dinamismo

Frente a este panorama, el informe plantea un escenario más favorable si se mantienen niveles sostenidos de inmigración. En ese caso, España podría compensar el envejecimiento de la población, ampliar su base de trabajadores y sostener el crecimiento económico.

Además, la llegada de población extranjera aportaría diversidad social, nuevas capacidades y una mayor participación en la vida económica y comunitaria. El documento subraya que la migración no solo es una cuestión demográfica, sino también un elemento dinamizador de la sociedad.

El informe presentado por la ONPE es, por ahora, un primer borrador que se abre al debate público y académico. Su objetivo es aportar una base sólida para la reflexión estratégica a largo plazo, en un contexto marcado por transformaciones globales, cambios demográficos y desafíos económicos.

La conclusión de fondo es clara: la gestión de la migración no será solo una cuestión coyuntural, sino una pieza clave en la definición del futuro de España.