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«La pandemia y la reanudación de las elecciones tan solo ha puesto en evidencia algo que clama al cielo: que el Gobierno debería haber derogado hace mucho tiempo esta anomalía democrática que viene vulnerando, comicio tras comicio, un derecho constitucional básico como es la participación de la emigración en las elecciones», denuncia Nerea Fernández, coportavoz de IU Exterior. Esta situación sobrevenida, denuncia la federación, ha provocado que la emigración tan solo dispusiera de un día de plazo para solicitar su voto en un contexto ya de por sí complicado de limitación de movimientos en sus países de origen. «Ha sido vergonzoso ver cómo el propio Ministerio de Asuntos Exteriores ha tenido que tuitear que el plazo para solicitar el voto rogado acababa la misma tarde en la que lo anunciaba», añade Fernández.
«Es necesario recordar que el acuerdo de Gobierno con el PSOE prevé la derogación del voto rogado, además de otras medidas como la concesión de la nacionalidad para descendientes del exilio español o un plan de retorno para emigrantes», aclara el coportavoz de IU Exterior Eduardo Velázquez. «Son demandas históricas de la emigración que Unidas Podemos viene defendiendo desde siempre en sus programas electorales, y no entendemos esta resistencia del PSOE a darles su debido cumplimiento, a pesar del escándalo que supone que más de 2,5 millones de residentes en el exterior no puedan, de facto, votar».
IU Exterior recuerda que el acuerdo de Gobierno recoge claramente este compromiso en su punto 5.7: «Eliminaremos el voto rogado en las elecciones autonómicas, generales, y europeas y municipales». El propio PSOE presentó en febrero de 2020 una moción en el Senado apoyada por todos los grupos políticos salvo Vox, que votó en contra, y el PNV, que se abstuvo, en la cual instaban al Gobierno a «promover e impulsar, en un plazo no superior a los seis meses, una iniciativa legislativa dirigida a suprimir de la legislación electoral la exigencia del voto rogado para los españoles residentes en el extranjero»; un plazo que expiró el pasado verano.
La federación subraya que el artículo 68.5 de la Constitución Española establece que «(...) la ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España». Sin embargo, desde la implantación del sistema de voto rogado hace casi una década por parte de PP, PSOE, CiU y PNV, el porcentaje de participación del electorado en el exterior se ha visto limitado a un máximo del 7% de votos reales, a pesar de las denuncias realizadas en innumerables ocasiones por parte de colectivos y organizaciones migrantes como Marea Granate, IU y Podemos Exterior.
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