V PLENO DEL VIII MANDATO
Sumar respalda una circunscripción electoral exterior para la emigración española
V PLENO DEL VIII MANDATO
La sesión de tarde del Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), celebrado este lunes en Madrid, se inició con la habitual comparecencia de los grupos políticos. En esta ocasión acudieron solo tres partidos con representación en el Congreso y el Senado: el diputado Enrique Santiago, del Grupo Parlamentario Sumar; el senador socialista César Mogo, responsable del PSOE Exterior; y la diputada gallega Rosa Quintana, del Grupo Parlamentario Popular.
Las intervenciones dejaron varios mensajes de calado político sobre nacionalidad, participación electoral, retorno, nuevas generaciones de descendientes y representación institucional de los más de tres millones de españoles que viven fuera del país.
El primero en intervenir fue el representante de Sumar, Enrique Santiago, diputado de IU por Córdoba, quien realizó un amplio repaso de las cuestiones que actualmente centran el trabajo del CGCEE y dejó uno de los anuncios más destacados de la jornada al confirmar que su grupo parlamentario defenderá la creación de una circunscripción electoral específica para la ciudadanía española en el exterior. “Desde nuestro grupo parlamentario vamos a defender una circunscripción electoral del exterior para que los más de 3 millones de ciudadanos residentes fuera de España tengan representación en las más altas instituciones españolas”, señaló.
Santiago vinculó esta propuesta con la necesidad de reforzar el vínculo político y democrático de la diáspora española con el país, defendiendo que la ciudadanía exterior “forma parte de la realidad española igual que cualquier otro territorio”.
Durante su intervención, el diputado reivindicó además algunas de las principales reformas impulsadas en los últimos años relacionadas con la emigración, especialmente la eliminación del voto rogado y la aprobación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.
Sobre la supresión del voto rogado, Santiago reconoció expresamente que la reforma de 2011 había sido “un error” político: “Asumimos que el voto rogado fue un error y lo corregimos”, afirmó.
El diputado de Sumar también defendió el impacto de la conocida como “ley de nietos”, subrayando que la norma ha permitido incorporar a cientos de miles de nuevos ciudadanos españoles. “Estamos próximos a los 500.000 nuevos españoles” y reconoció los problemas de gestión y saturación consular derivados del enorme volumen de expedientes tramitados, aunque defendió las medidas de refuerzo adoptadas por el Gobierno, incluyendo nuevas contrataciones y mecanismos de apoyo administrativo.
El senador socialista César Mogo inició su intervención con un tono marcadamente personal, recordando su vinculación histórica con el Consejo, incluso desde la etapa en la que todavía se denominaba Consejo General de la Emigración. “Tengo algo que ver con este Consejo en mi pasado”, afirmó emocionado.
Mogo recordó que participó en anteriores reformas del órgano y reivindicó especialmente el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, cuya aprobación calificó como un “compromiso programático cumplido”.
El representante socialista defendió que la ciudadanía exterior debe entenderse no solo desde la perspectiva de los derechos, sino también desde el mantenimiento de los vínculos permanentes con España. “La distancia no nos puede hacer perder de vista algo tan importante como que ustedes forman parte de la realidad española”, aseguró.
Más allá de las cuestiones técnicas, el senador socialista hizo una reflexión política sobre el papel de las nuevas generaciones de españoles en el exterior y alertó sobre el riesgo de pérdida de vínculo identitario con España. Según recordó, el 73% de los más de 3,2 millones de españoles residentes fuera del país no han nacido en España, porcentaje que asciende al 84% en América. “Tenemos que mantener el vínculo porque la ciudadanía exterior forma parte de la realidad y de la nacionalidad española”, afirmó.
El diputado aseguró que las políticas públicas dirigidas a la emigración no deben limitarse únicamente al reconocimiento de derechos administrativos, sino también reforzar la conexión cultural, social y emocional de las nuevas generaciones con España. “No podemos bajar los brazos ante las nuevas generaciones y hacerles sentir que en la doble identidad está la riqueza”, sostuvo.
A lo largo de su intervención, Mogo valoró muy positivamente la labor desarrollada por el CGCEE y se comprometió a mantener y reforzar la interlocución institucional entre el Consejo y las Cortes Generales. “Nuestro propósito es que el Consejo siga teniendo voz en el Parlamento español”, señaló.
En este sentido, recordó que el Grupo Socialista impulsó recientemente la comparecencia de la presidenta del CGCEE en el Congreso de los Diputados y defendió que esta presencia institucional no sea algo puntual, sino una dinámica estable.
La diputada del Partido Popular Rosa Quintana cerró el turno de intervenciones con un discurso centrado en la necesidad de impulsar una estrategia integral para la ciudadanía española en el exterior.
Quintana, aseguró que para el PP el CGCEE representa “algo mucho más profundo que una mera estructura organizativa. Los españoles en el exterior no pueden seguir siendo ciudadanos periféricos de nuestro país”, afirmó.
La diputada popular defendió la necesidad de afrontar las políticas de emigración “con una auténtica visión de Estado”, adaptada a una realidad migratoria profundamente distinta a la de décadas anteriores.
Una de las cuestiones más relevantes de la intervención de Rosa Quintana fue la defensa de una nueva ley de nacionalidad que sustituya el actual modelo basado en reformas parciales y disposiciones extraordinarias. La diputada aseguró que la aplicación de la Ley de Memoria Democrática ha evidenciado “las limitaciones del modelo actual”, especialmente por el colapso administrativo generado en numerosos consulados.
Quintana citó expresamente las cifras derivadas del proceso de nacionalidad: Más de 2,45 millones de solicitudes; más de 1,2 millones de expedientes iniciados; solo 306.500 inscripciones culminadas en los registros civiles consulares. “Estos datos evidencian un desfase importante entre la demanda existente y la capacidad de gestión”, afirmó.
Según dijo, la necesidad de flexibilizar continuamente la interpretación de la norma demuestra que el sistema requiere una reforma estructural. “Defendemos avanzar hacia una ley de nacionalidad, estable, permanente, clara y con procedimientos ágiles y homogéneos”. Quintana insistió además en que esta futura ley debe ir acompañada de “un refuerzo real de la red consular”, denunciando retrasos, falta de citas y dificultades crecientes para acceder a servicios básicos.
La diputada popular dedicó también una parte importante de su intervención a las dificultades que siguen existiendo para ejercer el derecho al voto desde el exterior, especialmente en países con grandes distancias geográficas o problemas logísticos.
Las políticas de retorno fueron otro de los asuntos centrales del debate parlamentario. Tanto Sumar como PSOE y PP coincidieron en la necesidad de reforzar las medidas dirigidas a facilitar el regreso de españoles residentes en el exterior.
Tras las intervenciones de los representantes políticos, se abrió un turno de preguntas de los consejeros y consejeras del CGCEE, en el que se abordaron distintas cuestiones relacionadas con nacionalidad, servicios consulares, participación electoral, retorno y protección social.
Los representantes de los tres grupos parlamentarios respondieron a las cuestiones planteadas por los miembros del Consejo en una sesión marcada por un tono de consenso general sobre la necesidad de reforzar las políticas dirigidas a la ciudadanía española en el exterior, aunque con diferencias sobre los mecanismos concretos para hacerlo.
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