El Supremo extiende la suspensión del voto de los nacionalizados por la "ley de nietos" a los residentes en España
LEY DE NIETOS
El alto tribunal ordena que las 163.355 personas afectadas no puedan figurar en el censo electoral para las elecciones del 29 de noviembre, salvo quienes acrediten mediante certificación consular la condición de exiliados de sus ascendientes
El Tribunal Supremo ha ordenado que la suspensión del derecho al voto de los nacionalizados españoles a través de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, afecte también a quienes residen en España. Hasta ahora, las resoluciones anteriores se habían referido a los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), pero la nueva providencia incluye expresamente a quienes figuran en el Censo Electoral de Residentes (CER).
En una providencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el alto tribunal ordena a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral Central garantizar que las 163.355 personas incluidas en el procedimiento no puedan figurar como electores en las elecciones del próximo 29 de noviembre, con las excepciones establecidas por la propia Sala.
La resolución señala expresamente:"La Junta Electoral Central y la Oficina del Censo Electoral Central deberán estar a lo acordado en nuestros autos en esta pieza de medidas cautelares de 10 de septiembre y de 12 y 23 de octubre de 2026, garantizando, en consecuencia, que ninguna de las 163.355 personas incluidas en el Anexo I de la Orden de 25 de octubre de 2022, de la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, puedan figurar como electores en el Censo Electoral, sea en el de electores residentes-ausentes que viven en el extranjero, sea en el de electores residentes en España, con excepción de las 901 personas que presentaron certificación consular, o cualesquiera otras que, con anterioridad al día de la votación, aporten dicha certificación consular, en los términos acordados por la Sala".
De esta manera, el tribunal mantiene la cifra de 163.355 afectados que había comunicado inicialmente el Gobierno, pese a que la Abogacía del Estado había presentado posteriormente un nuevo cálculo, elaborado a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que reducía el número de personas afectadas a 113.326.
Los magistrados han adoptado esta decisión después de examinar las alegaciones presentadas por las partes tras el informe del INE. Tanto Vox como Iustitia Europa habían solicitado que la suspensión del voto se extendiera también a los nacionalizados residentes en España, y no únicamente a quienes viven en el extranjero.
La controversia gira en torno a la acreditación de la condición de exiliados de los ascendientes. El Supremo considera que la interpretación aplicada por una instrucción del Ministerio de Justicia para facilitar el acceso a la nacionalidad había excedido lo establecido en la ley aprobada por las Cortes. La excepción afecta a las 901 personas que ya habían presentado certificación consular y a aquellas otras que puedan aportar ese documento antes de la jornada electoral, siempre en los términos establecidos por la Sala.
El Supremo también ha acordado inadmitir el resto de peticiones formuladas por las partes en este trámite, al considerar que resultan improcedentes.
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