La UE endurece su política migratoria: ¿qué dice el nuevo reglamento de retorno aprobado por el Parlamento Europeo?

La Unión Europea avanza hacia un endurecimiento de su política migratoria tras la aprobación del nuevo reglamento de retorno por parte del Parlamento Europeo. La normativa, impulsada en el marco del Pacto de Migración y Asilo, introduce cambios significativos en la gestión de personas en situación irregular y plantea interrogantes sobre su impacto en los derechos fundamentales.

Entre las principales novedades, el reglamento permite a los Estados miembros trasladar a migrantes a centros de retorno situados en terceros países, siempre que exista un acuerdo previo con dichos Estados y se respete el principio de no devolución. Esta medida sigue el modelo promovido por Italia en Albania, aunque su aplicación ha generado controversia judicial y política.

El texto también busca acelerar las deportaciones, ante un contexto en el que solo una de cada cinco órdenes de salida se ejecuta efectivamente. Para ello, se contemplan medidas como la ampliación de los periodos de detención —que podrían alcanzar hasta 24 meses—, sanciones para quienes no abandonen el territorio y prohibiciones de entrada que pueden llegar a los 20 años.

La aprobación fue posible gracias a una alianza entre el Partido Popular Europeo y fuerzas conservadoras y de extrema derecha, que defienden el reglamento como una herramienta necesaria para garantizar la credibilidad del sistema migratorio europeo. Desde estos sectores se considera un paso clave para reforzar el control de fronteras y la eficacia de los retornos.

Sin embargo, la oposición de socialdemócratas, verdes e izquierda, críticos con la norma advierten de que el reglamento puede vulnerar derechos fundamentales al permitir detenciones prolongadas, expulsiones a países considerados “seguros” pese a sus contextos de violencia, e incluso la inclusión de menores en estos procedimientos.

Organizaciones sociales y de derechos humanos también han mostrado su rechazo, alertando de que la normativa podría abrir la puerta a abusos, separaciones familiares y un aumento de la precariedad entre la población migrante. Además, cuestionan que se priorice la seguridad frente a la protección de las personas.

El reglamento inicia ahora su fase final de negociación entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo, un proceso que determinará su aplicación definitiva en los próximos meses. Mientras tanto, el debate sigue abierto: ¿se trata de una herramienta necesaria para ordenar la migración o de un retroceso en los valores fundamentales de la Unión Europea?