Arabia Saudí reforma su ley de contratación pública: así afecta a las empresas

Arabia Saudí acaba de aprobar su nueva ley de contratación pública. El nuevo texto modifica las condiciones en las que empresas locales y extranjeras compiten por los contratos del Estado, toda vez que los plazos administrativos se reducen mientras se amplía la capacidad de los organismos para realizar compras directas o modificar adjudicaciones.

Con estos cambios, en Riad persiguen una mejora en los procedimientos, tal y como ha explicado su ministro de Finanzas. De hecho, Mohammed al Jadaan ha destacado que la reforma normativa permitirá "más transparencia" y "más claridad", así como un refuerzo en "la igualdad de oportunidades" a la hora de competir por los contratos; pero bufetes internacionales como el británico Stephenson Harwood y el estadounidense Greenberg Traurig, que han examinado el texto, no pasan por alto que hay varias cuestiones decisivas que continúan pendientes y a la espera de reglamentos específicos.

Principales cambios

Para las empresas, uno de los cambios más relevantes que incluye el nuevo texto legal afecta a los pagos: los organismos públicos que mantengan cantidades adeudadas a sus contratistas y no hayan iniciado las actuaciones necesarias para abonarlas no podrán realizar nuevas adjudicaciones, salvo en determinados supuestos. Para Al Jadaan, esta premisa "reforzará la confianza en los contratos públicos", dado que se avanzará en el cumplimiento de los plazos; pero el despacho de abogados originario de Londres, que valora la "mayor certeza sobre las disposiciones de pago", se cuestiona cómo funcionarán estas garantías en la práctica o qué tipo de excepciones se permitirán.

Entre los trámites que esta reforma acorta, el plazo concedido al ministerio de Finanzas para revisar los contratos antes de su firma pasa de quince a cuatro días laborales y los comités encargados de abrir y evaluar las ofertas se integrarán en un único órgano.

En paralelo, se produce una ampliación considerable de las facultades de la administración, ya que los responsables públicos podrán delegar decisiones sobre procedimientos de hasta 50 millones de riales —unos 11,4 millones de euros—, lejos de los 10 millones anteriores; mientras el límite para contratar directamente, sin concurso público, se multiplica por diez: pasa de 100.000 riales a un millón, unos 228.000 euros. Este tipo de contratos menores podrán utilizarse para servicios profesionales, programas informáticos, formación, investigación e innovación, entre otros supuestos, aunque la entidad contratante deberá justificar el recurso a esta modalidad de contratación.

También aumenta del 10% al 20% el margen para elevar el valor de un contrato durante su ejecución. Los abogados procedentes de Miami explican que esta ampliación permitirá acomodar "cambios en el alcance, los precios, las cantidades o las condiciones de ejecución", de modo que, desde la perspectiva de las empresas que compiten por una adjudicación, supone que el coste y las dimensiones finales de un proyecto podrán distanciarse de lo previsto inicialmente.

Otro cambio sensible afecta a los recursos, pues el período mínimo entre la adjudicación y la firma del contrato se reduce de cinco a tres días laborables y la ley permitirá excluir determinadas licitaciones de esta espera. Se trata de una cuestión relevante, en la medida en que ese plazo permite reclamar contra una adjudicación antes de que se formalice el contrato.

Empresas extranjeras

En lo que atañe a las empresas extranjeras, la nueva ley no elimina las barreras que ya afrontan en la actualidad y puede elevar las exigencias de implantación industrial y transferencia de conocimiento.

Pendientes todavía del desarrollo sobre contenido local, las restricciones actuales imponen a las multinacionales la apertura de una oficina con funciones reales en el país y obligan a contar con no menos de quince empleados y un porcentaje de directivos locales para optar a determinados concursos.