Argentina elimina la necesidad de justificar el origen de los ahorros informales que se regularicen

El gobierno argentino, ha publicado un reglamento que desarrolla la ley de Inocencia Fiscal que entró en vigor recientemente y que elimina los controles sobre los incrementos de patrimonio que registren las personas físicas. De esta forma, a partir de ahora no será necesario justificar el origen de cantidades procedentes de ahorros informales que se regularicen, siempre que sí se cumplan las obligaciones tributarias a partir de ese momento.

Aunque no se indica explícitamente, el objetivo de esta medida es que aflore buena parte del dinero que los argentinos mantienen fuera del sistema fiscal. Hasta ahora el gobierno de Javier Milei ha puesto en marcha medidas que han conseguido blanquear un total de 20.000 millones de dólares pero se estima que hay otros 200.000 millones que permanecen fuera del sistema.

La ley de Inocencia Fiscal entró en vigor a primeros de este año pero estaba pendiente la publicación de su desarrollo reglamentario para ver cuál va a ser la aplicación práctica. Con la había sido sancionada a fines de 2025 y promulgada el 2 de enero de este año, pero hasta ahora persistían dudas sobre su aplicación práctica. El reglamento establece un sistema que evita investigar la procedencia de los fondos declarados y busca que el contribuyente se adhiera al régimen y cumpla con el pago de los impuestos a partir de momento en que se declaran los fondos.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) señala, a través de un comunicado, que la ley de Inocencia Fiscal permite dejar atrás "un régimen persecutorio" y un sistema tributario "asfixiante" que "empujaron a millones de argentinos a la informalidad y la evasión". Con la nueva ley de Inocencia Fiscal "se devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin darles explicaciones a nadie".

Se elevan los umbrales de evasión

En esta línea, la nueva normativa incluye medidas como la elevación de los umbrales de evasión simple (pasa a 100 millones de pesos, unos 70.000 dólares) y de evasión agravada (ahora será de 1.000 millones de pesos, unos 700.000 dólares). También se modifica el plazo de prescripción del delito, que desciende de 5 a tres años. Además, la evasión deja de ser considerada un delito penal y quien incumpla y sea notificado podrá resolverlo pagando su deuda, sin necesidad de afrontar una causa penal.

Las personas que se adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) deberán de cumplir los requisitos de contar con ingresos totales de hasta 1.000 millones de pesos (700.000 dólares), disponer de un patrimonio máximo de 10.000 millones de pesos (7 millones de dólares) y no contar con la condición de gran contribuyente nacional. La constancia digital de adhesión al RSG se considerará un antecedente favorable en el marco de la normativa de prevención de lavado de activos, sin perjuicio del cumplimiento de los controles correspondientes.

El régimen incorpora la presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas bajo la modalidad simplificada con el objetivo de obtener "mayor seguridad jurídica y previsibilidad". De esta manera, ARCA sólo podrá impugnar la declaración en supuestos excepcionales expresamente definidos en la normativa, como la existencia de discrepancias significativas debidamente verificadas. Asimismo, ARCA establecerá una reducción del 50 % de las multas para quienes regularicen su situación dentro de los 45 días posteriores al vencimiento.