Bélgica eleva los embargos a España por el recorte a las renovables hasta los 840 millones

La justicia de Bélgica ha elevado ya a cerca de 840 millones de euros los embargos a España por el impago de los laudos arbitrales derivados del recorte retroactivo de primas a las energías renovables, según informaron en un encuentro con la prensa el equipo jurídico de los acreedores.

Este importe total incautado afecta a los pagos que recibe mensualmente España, vía la empresa pública Enaire, por parte de Eurocontrol en concepto de gestión de tráfico aéreo y refleja la acumulación de distintas órdenes de embargo dictadas para resolver las deudas de casos que afectan a empresas como Eurus Energy (grupo Toyota), RREFF u Operafund.

Las mismas fuentes precisaron que, ante estas medidas de presión para instar al pago de las indemnizaciones para resarcir el daño causado con la retirada retroactiva de las primas, España habría propuesto consignar las cantidades reclamadas en una cuenta de depósito judicial en Bélgica, pero aún no habría accedido a pagar directamente a los inversores. El fin de la Abogacía del Estado sería lograr el levantamiento de estos embargos y evitar que se sigan acumulando nuevos importes bloqueados.

Los representantes de los acreedores subrayaron que, con esta maniobra, el objetivo de España sería reducir el monto bloqueado hasta unos 250 millones de euros. En todo caso, estiman que el mero hecho de ofrecerse a realizar esta consignación a cambio de liberar los 840 millones de euros retenidos "debilita los argumentos de inmunidad esgrimidos por España, al asumir en la práctica la validez de las medidas de ejecución sobre estos activos".

Además, añadieron que la decisión de depositar el dinero cuestiona la tesis mantenida por el gobierno español en relación con la normativa europea sobre ayudas estatales, que había sido utilizada como base para justificar la negativa a pagar los laudos.

Procedimiento de la Comisión contra Bélgica

No obstante, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico recordaron que el sistema procesal belga permite el embargo ex parte de activos, sin previa audiencia al Estado, lo cual exige que este recurra para levantar los embargos acordados vulnerando el derecho de la Unión Europea. Además, añaden que España cuenta con el apoyo de la Comisión Europea en los procedimientos iniciados por España para levantar los embargos.

En este sentido, indicaron que la Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra Bélgica por permitir el reconocimiento de laudos arbitrales dictados contra España, con vulneración de las normas de "Ayudas de Estado", que se encuentra en fase de dictamen motivado y que, debido a que los tribunales belgas se encuentran sujetos al cumplimiento del derecho de la Unión Europea, igual que España, confían en que sea respetado.

Sobre la consignación efectuada por España, el gabinete dirigido por Sara Aagesen precisó que tiene como objetivo salvaguardar la seguridad del tráfico aéreo español, recuperando el flujo ordinario de las transferencias que Eurocontrol efectúa a Enaire, y que se ha efectuado con expresa reserva de derechos. Esto supone que no se renuncia ni se debilita ninguno de los argumentos esgrimidos por España, "tanto los relacionados con la inmunidad de ejecución de los bienes ni los relacionados con la vulneración de las normas sobre Ayudas de Estado".

Deuda estimada en más de 2.300 millones

En esta batalla judicial de más de una década por los recortes a las renovables que se llevaron a cabo por los gobiernos de Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero, España acumula un total de 27 laudos perdidos pendientes de pago, con una deuda que supera los 2.310 millones de euros -incluyendo sobrecostes financieros y legales- según estiman los acreedores.

Hace casi un año, España accedió a pagar más de 30 millones de euros a la japonesa JGC, por un lado, dictado en 2021, en el único que se ha saldado con el abono de alguna compensación. Los acreedores reclaman al gobierno español un acuerdo satisfactorio como el de JGC, ya que consideran que se trata del "único camino" para restaurar la credibilidad internacional del país y reforzar la seguridad jurídica para las inversiones internacionales. Así, advierten de que, en caso de que no se logre una solución, España "seguirá sufriendo más derrotas judiciales y nuevos embargos de sus bienes y activos.

Sentencias contrarias a España en otros países

Dentro de esta cascada de frentes abiertos en los distintos tribunales internacionales, los acreedores recientemente lograron el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht (Países Bajos) y prevén proceder próximamente a su subasta pública como medida compensatoria.

También en Estados Unidos suman ya siete sentencias judiciales sobre las que no cabe recurso y que imponen a España la obligación de pagar indemnizaciones por valor de 688 millones de euros. Asimismo, en este país, ante los incumplimientos reiterados del Estado, han iniciado procedimientos de descubrimiento de activos del Estado español que afectan, por ejemplo, a la operativa de la selección española en el próximo mundial de fútbol de este verano.

Igualmente, en el Reino Unido, la Justicia británica ha ratificado que España es un país deudor y que debe pagar sus deudas si quiere evitar los embargos de bienes y activos que se han venido planteando en las islas. En este caso, la decisión del Tribunal Supremo del país es definitiva, por lo que no cabe recurso y a lo largo de 2026 se esperan nuevos avances por parte de los acreedores en ese país.

Por su parte, en Australia, el Tribunal Supremo se pronunció en la misma línea, reconociendo cuatro denuncias valoradas en 469 millones de euros. Asimismo, el Tribunal Supremo de Singapur también ha fallado en el mismo sentido, reconociendo un primer laudo contra España, valorado en más de 100 millones de euros.

Con relación a estos otros frentes abiertos, fuentes del Ministerio explicaron que los ejecutantes no son las empresas afectadas, sino un fondo, Blasket, "cuya actividad se limita a comprar laudos contra España y tratar de ejecutarlos en el extranjero". Respecto al embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, apuntaron que se ha producido sin audiencia al estado español y que se va a recurrir judicialmente para levantarlo y paralizar la subasta.

Recurso ante el Supremo de EEUU

Respecto a los procedimientos en Estados Unidos, defendieron que las sentencias dictadas en primera instancia reconociendo laudos son susceptibles de recurso y todas ellas han sido apeladas. Así, señalaron que España tiene pendiente un recurso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos que, de prosperar, significaría que los laudos no pueden ser ni reconocidos ni ejecutados en EEUU.

En lo referente a las consecuencias sobre la selección en el mundial de fútbol, fuentes del Ministerio afirmaron que los procedimientos en curso tienen como objetivo la búsqueda de información, "por lo que no afectan a la operativa de España y menos aún de la Federación española de Futbol, a través de la selección española, al ser una entidad independiente del Estado".