España explora vías de defensa frente al embargo de la Justicia belga sobre ENAIRE

RESOLUCIÓN JUDICIAL RENOVABLES

Molinos de viento de un parque eólico marino.
Molinos de viento de un parque eólico marino.

Los servicios jurídicos del Estado van a explorar soluciones procesales ante la orden de embargo emitida por la Justicia belga que ha ocasionado el bloqueo temporal de los pagos de la agencia europea EUROCONTROL a la entidad española ENAIRE (Gestor estatal de navegación aérea) por los ingresos percibidos por tasas de navegación aérea. Este embargo se debe a las demandas que distintas empresas presentaron contra España por impago de indemnizaciones a empresas de energía renovables.

El conflicto se remonta a 2007 cuando el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero implementó un programa de ayudas para fomentar la producción eléctrica a partir de fuentes renovables. Sin embargo, en 2013 el Ejecutivo de Mariano Rajoy eliminó estas primas con carácter retroactivo, lo que desató una oleada de litigios internacionales.

Las empresas afectadas recurrieron al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), vinculado al Banco Mundial, y por ahora el Ciadi ha fallado a favor de los demandantes en 26 de los 52 procedimientos presentados, incluyendo indemnizaciones, intereses de demora y gastos legales. El reciente embargo responde a la solicitud de la empresa estadounidense RREEF y otras compañías perjudicadas ante la falta de ejecución de los laudos arbitrales del Ciadi y la cifra bloqueada asciende a 207,3 millones de euros.

Fuentes de ENAIRE indican que esta situación es completamente ajena a su gestión y a la actividad de navegación aérea. Además, indican que tanto desde este organismo como desde los servicios jurídicos del Estado están trabajando en la estrategia procesal para la defensa de sus respectivos derechos en el procedimiento judicial belga que ha desembocado en este nuevo embargo.

ENAIRE aclara también que, a pesar del embargo decretado, el servicio y los compromisos de la entidad para con sus personas y terceros (proveedores y otros grupos de interés) están plenamente garantizados.

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