Una empresa australiana reclama más de mil millones a España por bloquear una mina de uranio

El grupo australiano Berkeley Energia ha elevado hasta los 1.060 millones de euros su demanda contra el gobierno español -presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi)- por el bloqueo de su proyecto de la mina de uranio de Retortillo (Salamanca), segun refleja un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En mayo de 2024, Berkeley Energia había anunciado una solicitud de arbitraje ante el Ciadi -con el inicio así del procedimiento contra España- por la mina de uranio de Retortillo y pedía entonces una compensación preliminar de 1.000 millones de dólares unos 848 millones de euros por los daños y perjuicios ocasionados al no poder explotar el yacimiento.

Según indica la compañía australiana, el gobierno de España tiene de plazo hasta el próximo mes de julio para responder al memorial de demanda o hasta octubre de 2026 para presentar un memorial sobre jurisdicción, si el tribunal del Ciadi ordena que las cuestiones de jurisdicción se examinen y determinen antes que las cuestiones de responsabilidad y daños

Berkeley Energía señala que, a pesar de la disputa sobre inversiones y la presentación del memorial de demanda, "mantiene su compromiso con el proyecto Salamanca y continúa abierta a un diálogo constructivo con España". Se muestran dispuesto a colaborar con las autoridades españolas para "encontrar una solución amistosa a la situación de los permisos" y mantiene la esperanza de que las conversaciones puedan tener lugar a corto plazo.

Proyecto aprobado en 2013

El proyecto de la mina de uranio de Retortillo recibió la aprobación preliminar en el año 2013, pero el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico denegó la aprobación definitiva en 2021 y de nuevo en 2023.

Tras ello, Berkeley defendió que las acciones de España contra su filial española y el proyecto de Salamanca violaban múltiples disposiciones del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) y, como parte de su solicitud de arbitraje, pidió esa compensación preliminar que ahora eleva a los 1.060 millones de euros.