Grecia pagará incentivos a abogados que logren que solicitantes de asilo retiren su petición y regresen a su país
PETICIÓN DE ASILO
Los letrados del turno de oficio recibirán una bonificación de 250 euros por cada retorno voluntario, además de la remuneración por el asesoramiento jurídico
El Gobierno de Grecia ha aprobado un sistema de incentivos económicos para los abogados del turno de oficio que consigan que solicitantes de asilo desistan de su petición de protección internacional y opten por regresar voluntariamente a sus países de origen.
La medida, impulsada conjuntamente por los ministerios de Migración, Finanzas y Justicia, forma parte de la nueva normativa de asilo aprobada recientemente por el Parlamento griego y llega en un contexto de incremento de las llegadas irregulares al país, especialmente de personas procedentes de Egipto y Bangladesh, a las que el Ejecutivo atribuye en gran medida motivaciones económicas.
Según el nuevo sistema, los abogados designados para prestar asistencia jurídica gratuita percibirán una bonificación adicional de 250 euros por cada solicitante que acepte el retorno voluntario. Esta cantidad se sumará a los 160 euros previstos por el servicio de asesoramiento legal que ofrecen durante la tramitación del procedimiento de asilo.
La legislación mantiene el derecho de los solicitantes de protección internacional a recibir asistencia jurídica gratuita, siempre que la soliciten tras presentar su petición y antes de que esta sea examinada por las autoridades. No obstante, quienes ya dispongan de representación legal privada no podrán acogerse a este servicio.
Los abogados serán seleccionados a través de listas elaboradas por los colegios profesionales del país y, una vez intervengan en estos procedimientos, no podrán representar posteriormente de forma privada a los mismos solicitantes de asilo.
La iniciativa se enmarca en la estrategia del Ejecutivo heleno para reforzar el control de los flujos migratorios y promover el retorno voluntario de quienes no continúen con su solicitud de protección internacional.
Según los datos manejados por el Gobierno griego, más de 15.000 personas han entrado de forma irregular en el país desde comienzos de año, la mayoría tras cruzar el Mediterráneo desde Libia en embarcaciones con destino a la isla de Creta, una de las principales puertas de entrada al territorio griego.
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