Más de 275.000 descendientes obtienen la nacionalidad española desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática

En los dos primeros años desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, o “Ley de Nietos”, más de 275.000 personas residentes en el extranjero han adquirido la nacionalidad española. Según datos proporcionados por fuentes del Ministerio de Exteriores a Europa Press, hasta el 30 de noviembre de 2024 se han aprobado 275.804 solicitudes, de un total de 577.620 peticiones recibidas por los consulados españoles en todo el mundo.

La ley, que entró en vigor el 21 de octubre de 2021, permite adquirir la nacionalidad no solo a los hijos de exiliados españoles, sino también a sus nietos, abriendo así la posibilidad a las generaciones siguientes, como bisnietos y tataranietos. Este proceso no establece límite de edad, un cambio significativo respecto a legislaciones anteriores que solo beneficiaban a hijos menores no emancipados.

Aunque no se han especificado los países con mayor número de solicitudes, los datos previos apuntan a Cuba, Argentina y México como los principales focos de demanda, debido a la alta presencia histórica de descendientes de españoles en estas naciones.

Inicialmente prevista para estar vigente durante dos años, la Ley de Memoria Democrática fue prorrogada por el Gobierno en julio de 2023, otorgando un año adicional para que más personas puedan acogerse a esta oportunidad de obtener la ciudadanía española.

Entre los beneficiarios se incluyen:

Descendientes directos: nacidos fuera de España de padres, abuelos o abuelas originariamente españoles que perdieron la nacionalidad debido al exilio político, ideológico o por motivos de creencia u orientación sexual.

Hijos de mujeres españolas: aquellas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978.

Hijos mayores de edad: de españoles a quienes se les reconoció la nacionalidad por leyes previas de Memoria Democrática o Memoria Histórica (2007).

El alcance de esta ley genera un efecto multiplicador, ya que los nuevos ciudadanos pueden transmitir la nacionalidad a sus descendientes. Este cambio legislativo representa un paso significativo en la reparación histórica para las familias afectadas por el exilio y la pérdida de derechos debido a conflictos políticos y sociales en España.