Pilar Cancela: "La lucha contra el odio debe basarse en una acción coordinada, transversal y sostenida en el tiempo"

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, defendió este jueves la necesidad de reforzar la cooperación entre las administraciones para combatir los delitos de odio, tras la decisión de renovar hasta 2030 el Acuerdo Interinstitucional para cooperar contra el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y otras formas de intolerancia.

Durante la vigésima reunión de la Comisión de Seguimiento del acuerdo, Cancela aseguró que "la lucha contra el odio se base en una acción coordinada, transversal y sostenida en el tiempo", al tiempo que subrayó que la colaboración entre instituciones resulta "de vital importancia" para hacer frente a un fenómeno que, según advirtió, evoluciona y adopta nuevas formas.

La renovación del acuerdo, impulsado en 2015 por la Secretaría de Estado de Migraciones, permitirá mantener durante cuatro años más este marco de coordinación entre ministerios, administraciones públicas y otros organismos con el objetivo de reforzar la protección de las víctimas, adaptar las herramientas de actuación a los nuevos escenarios y mejorar la respuesta institucional frente a la discriminación.

Cancela destacó que en la última década se han producido avances en la recogida y análisis de datos sobre delitos de odio, en la formación de los profesionales y en la creación de mecanismos de coordinación. No obstante, advirtió de que "el odio adopta nuevas formas, más sutiles, aunque igualmente dañinas", por lo que consideró necesario continuar adaptando las políticas públicas a esta realidad.

En materia de discurso de odio en internet, la secretaria de Estado puso en valor la mejora de los mecanismos de retirada de contenidos por parte de las plataformas digitales. Según el último boletín de monitorización del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), el porcentaje de mensajes eliminados alcanzó el 65% el pasado mes de mayo.

Durante la reunión, la Comisión de Seguimiento analizó además la nueva Directiva europea sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, que deberá incorporarse a los ordenamientos nacionales antes de julio de 2028. La norma reforzará la protección de las víctimas, facilitará nuevos canales de denuncia —incluida la posibilidad de hacerlo a través de organizaciones sociales— e implantará el teléfono gratuito 116006 en toda la Unión Europea para ofrecer apoyo e información.

Asimismo, la directiva prevé fortalecer la evaluación individual de las necesidades de protección de las víctimas, ampliar el acceso a recursos como refugios y órdenes de alejamiento y garantizar asistencia jurídica gratuita para las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

El Acuerdo Interinstitucional, cuya presidencia anual rotatoria ostenta por primera vez en 2026 el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, reúne a instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y varios departamentos ministeriales, además de organizaciones de la sociedad civil. En esta edición, los grupos de trabajo han centrado su actividad en ámbitos como la formación y sensibilización, el análisis de sentencias, la recopilación de datos estadísticos y la lucha contra el discurso de odio, también en el ámbito deportivo.