El retorno, en el centro de las políticas de emigración del Gobierno central y las comunidades autónomas

Para quienes siguen la actualidad de las políticas de emigración, los programas de retorno no son una novedad. Las ayudas estatales y las convocatorias autonómicas llevan años formando parte de nuestro ecosistema. Sin embargo, en los últimos tiempos se percibe un cambio en el contexto en el que se insertan: el retorno ya no se plantea, solo, como una vía para recuperar población, sino como una opción imprescindible para obtener mano de obra cualificada en distintos sectores económicos.

Entre las principales ayudas que existen actualmente para retornar, está el subsidio del Servicio Público de Empleo Estatal, su función es la de ofrecer cobertura a los españoles que retornan, durante los primeros meses, mientras se consigue un empleo y se inicia una nueva vida en España.

Pero no solo, además de este subsidio, las comunidades autónomas sostienen sus propios programas. Galicia es una de las comunidades con un programa más completo para el retorno de españoles y descendientes, La Xunta ofrece ayudas de hasta 6.000 euros para quienes hayan vivido fuera al menos dos años y hayan regresado después del 1 de enero de 2024. Además de cubrir parte de los costes del traslado, la normativa gallega incluye a descendientes de emigrantes y establece criterios claros para calcular la cuantía en función del núcleo familiar y la duración de la estancia en el extranjero.

Asturias ofrece un esquema similar, con ayudas de hasta 6.000 euros para retornados que hayan vivido fuera del país al menos cuatro años. La cuantía se ajusta según la situación familiar y el tiempo pasado en el extranjero, con un presupuesto global de medio millón de euros hasta finales de 2026. Además de la ayuda económica, el plan asturiano contempla orientación laboral y acompañamiento en los primeros meses tras el retorno.

Castilla y León combina distintos enfoques: subvenciones de hasta 5.000 euros para quienes emprenden por cuenta propia, e incentivos a la contratación de retornados. El programa Pasaporte de vuelta otorga hasta 3.500 euros a menores de 35 años que hayan pasado al menos seis meses fuera, y 2.500 euros a mayores de esa edad con al menos un año de residencia en el extranjero. Estas ayudas aumentan un 30% si el retorno se produce a municipios de menos de 10.000 habitantes, favoreciendo la vuelta a zonas rurales con dificultades de cobertura laboral.

En Extremadura, se concede un pago base de 1.500 euros, ampliable hasta 2.900 en casos de familias numerosas, presencia de personas con discapacidad o víctimas de violencia de género o terrorismo, sumando 350 euros adicionales por cada condición. Navarra ofrece hasta 2.000 euros por persona retornada, más 500 euros por cada persona a cargo, con un máximo de 3.500 euros. Estas ayudas incluyen gastos de viaje y mudanza.

Cataluña centra sus ayudas en cubrir parte de los costes del retorno hasta la mitad del SMI y permite incrementar un 30% los ingresos si resultan inferiores a la renta de suficiencia vigente. Canarias concede 1.500 euros por retornado y complementa esta ayuda con servicios de asesoramiento para acceder a las prestaciones estatales.

No todas las comunidades disponen de ayudas directas. Andalucía, por ejemplo, cesó estas subvenciones en 2010, aunque sigue financiando a la Federación Andaluza de Emigrantes y Retornados y concede incentivos a empresas que contraten a retornados mayores de 45 años. País Vasco y Cantabria destinan subvenciones a jóvenes que inician proyectos en el sector primario, mientras que Aragón, Castilla-La Mancha, Islas Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana no ofrecen actualmente ayudas directas, aunque algunas sí apoyan el emprendimiento o la contratación.

Más allá de las cuantías, el objetivo de estas políticas es atender la demanda de la población que reside en el exterior, interesada en retornar y atender las necesidades del mercado laboral, especialmente en sectores con déficit de trabajadores, desde la construcción y la hostelería hasta los cuidados y la industria. También se busca incorporar descendientes de españoles con el objetivo de frenar el envejecimiento de la población, especialmente en comunidades envejecidas y en las que el reto demográfico forma parte de la agenda política, como pueden ser Galicia, Asturias o Castilla y León.

Tanto el subisidio del SEPE, como las ayudas autonómicas funcionan como un estímulo inicial. La combinación de ambos mecanismos permite a los retornados disponer de recursos económicos, orientación y apoyo administrativo, factores esenciales para facilitar un retorno efectivo y una reincorporación sostenida al mercado laboral español y hacia una vida en España.