Voces Silenciadas: la necesidad de transparencia y la democratización de las Escuelas ALCE
CONCENTRACIÓN
El malestar de las familias no es una chiquillada. Es una exigencia legítima para que se reconozca su derecho a ser consultadas y a participar en las decisiones que afectan la educación de sus hijos e hijas.
La lengua materna es ese hilo invisible que nos conecta con nuestras raíces, con la historia que llevamos en la sangre, con una cultura que, incluso lejos de nuestra tierra, resuena en el corazón. Para quienes vivimos fuera de España, enseñar el español a nuestros hijos es más que una simple asignatura; es un acto de supervivencia cultural. Es un faro que guía a nuestras niñas y niños en su camino hacia una identidad que les pertenece. Sin embargo, este proceso vital está siendo debilitado por la falta de participación de las familias y por la ausencia de un diálogo que debería estar en el centro de cualquier sistema educativo inclusivo y democrático.
Las escuelas ALCE (Aulas de Lengua y Cultura Españolas) son, para muchas familias, el único espacio en el que sus hijos pueden mantener vivo el idioma español y la cultura que lo acompaña. Pero las recientes decisiones sobre la reestructuración del programa y el cierre de siete aulas en la demarcación de Londres han encendido la alarma entre las familias afectadas. Este no es un caso aislado, sino el reflejo de un problema mucho más profundo: la falta de un modelo participativo y democrático en la toma de decisiones que impactan directamente la educación y el futuro de muchos jóvenes.
En España, las escuelas e institutos cuentan con consejos escolares en los que participan familias, profesorado y estudiantes. ¿Por qué no aplicar este mismo modelo a las escuelas ALCE en el extranjero? ¿Por qué, cuando se trata de la educación de niñas y niños españoles fuera de España, se toman decisiones desde una distancia fría, sin consultar a quienes enfrentan día a día los desafíos de esa realidad?
El malestar de las familias no es una chiquillada. Es una exigencia legítima para que se reconozca su derecho a ser consultadas y a participar en las decisiones que afectan la educación de sus hijos e hijas. Nadie mejor que ellas conoce las dificultades de crecer en un entorno bicultural, de equilibrar las identidades que sus hijas e hijos deben integrar.
Desde este espacio, propongo una reforma esencial: la creación de un Consejo Escolar Participativo e Inclusivo en las escuelas ALCE, donde las voces de las familias, el profesorado y el alumnado sean escuchadas y valoradas. La democracia no es un derecho geográficamente limitado; es un principio universal que debe aplicarse a cualquier comunidad española, donde quiera que se encuentre.
Esta reestructuración podría devolver la confianza en un sistema que ha sido percibido como opaco e impositivo. Sin transparencia, la gestión pública pierde legitimidad. Las decisiones educativas no pueden seguir tomándose en despachos lejanos, a espaldas de quienes más las sufren o las disfrutan: las familias y los docentes.
Lo que está ocurriendo en Londres es solo la punta del iceberg. Esta problemática afecta a todas las escuelas ALCE alrededor del mundo.
Las personas responsables tienen el poder de preservar una herencia, de fortalecer nuestra comunidad y de garantizar que nuestros hijos e hijas, sin importar dónde vivan, puedan crecer con orgullo y conocimiento de su identidad cultural.
La comunidad española no puede permitir que el silencio sea la respuesta.
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