Afganistán, un agujero negro de los DDHH, cumple cinco años del regreso de los talibán

La toma de Kabul por parte de los talibán y la instauración de un gobierno de facto en Afganistán hace ahora cinco años llega en pleno deterioro de la crisis humanitaria y retroceso de los derechos y libertades, especialmente de las mujeres. Analistas internacionales denuncian ya una situación de apartheid de género, mientras el movimiento fundamentalista ha logrado consolidar su poder sin ampliar de forma significativa su reconocimiento internacional.

La reconquista del país por parte de los talibán empezó a fraguarse en 2020, cuando el grupo firmó en Qatar un acuerdo con Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump. El pacto estaba llamado a poner fin a la presencia militar extranjera en Afganistán, pero el derrumbe de las frágiles instituciones políticas, una situación de seguridad endeble y una insurgencia cada vez más fuerte facilitaron el avance talibán.

A mediados de agosto de 2021, con la toma formal de Kabul y la huida del entonces presidente, Ashraf Ghani, el país centroasiático entró en una nueva etapa política. Según advierte la directora ejecutiva de FIBGAR, Alessia Schiavon, en declaraciones a Europa Press, estos cinco años han dejado "una de las peores crisis humanitarias y de Derechos Humanos del mundo", agravada por la falta de instrumentos de la comunidad internacional para presionar a las autoridades afganas.

Contra los Derechos Humanos

En este tiempo, el régimen talibán ha emitido 264 decretos que vulneran los Derechos Humanos, de los que 166 afectan directamente a las libertades de las mujeres y las niñas afganas. Estas medidas tienen repercusiones sobre alrededor de 20 millones de mujeres, condicionando prácticamente todos los ámbitos de su vida.

Schiavon recalca que las restricciones no se limitan a la educación. Las mujeres tienen vetado el acceso a la enseñanza a partir de determinadas edades, mientras que la educación superior y la universidad han desaparecido para ellas. Tampoco pueden desarrollar libremente su actividad laboral, acceder en igualdad de condiciones a determinados servicios o desplazarse sin cumplir las restricciones impuestas por las autoridades.

"Afganistán se ha convertido en una experiencia piloto de lo que puede significar el apartheid de género", sostiene la experta, que alerta de que las medidas adoptadas pueden convertirse en un precedente de retroceso global en materia de derechos de las mujeres.

El régimen mantiene además un sistema de vigilancia basado en los llamados "inspectores morales" y en la figura del mahram, el tutor masculino que debe acompañar o supervisar determinadas actividades de las mujeres. A juicio de Schiavon, esta política convierte también a padres, esposos y hermanos en parte de un sistema de control sobre la vida femenina.

Un poder consolidado, pero sin pleno reconocimiento

Cinco años después de recuperar el control de Afganistán, los talibán se han consolidado como la autoridad de facto del país, aunque su Gobierno sigue sin obtener un amplio reconocimiento internacional.

Solo Rusia ha reanudado abiertamente las relaciones diplomáticas con las autoridades talibanes, si bien países como China, Irán, India, Catar, Turquía, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Uzbekistán mantienen diferentes vías de contacto con Kabul. Los intereses económicos y migratorios, así como la necesidad de evitar un mayor colapso humanitario, han favorecido estos acercamientos.

Sin embargo, expertos de Naciones Unidas han advertido de que aceptar la opresión talibán como una realidad inevitable con la esperanza de fomentar una moderación del régimen constituye una estrategia "peligrosa y equivocada". Según denuncian, normalizar un sistema que persigue de forma sistemática a más de la mitad de la población no impulsa el cambio, sino que puede contribuir a legitimar esa represión.

El líder talibán, el mulá Haibatulá Ajundzada, se encuentra además bajo una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional por presuntos crímenes contra la humanidad relacionados con la persecución por motivos de género. Desde la caída de Kabul, permanece en Kandahar, considerada la cuna del movimiento talibán.

Decreto a decreto

Uno de los últimos ejemplos de esta política restrictiva se produjo en mayo de este año con el denominado "Decreto 18", que reconoce determinados matrimonios concertados durante la infancia y refuerza el control de los tutores masculinos sobre las decisiones matrimoniales de mujeres y niñas.

La norma establece además obstáculos adicionales para cuestionar o abandonar estas uniones, mientras que los hombres mantienen mayores facilidades para disolver sus matrimonios. Organizaciones como Amnistía Internacional, Entreculturas y Mundo Cooperante consideran que el matrimonio forzado es otro ejemplo de una represión estructural y reclaman una profunda transformación del sistema jurídico afgano.

Cinco años después de la caída de Kabul, los talibán mantienen así un control consolidado sobre Afganistán, mientras la situación humanitaria continúa deteriorándose y las mujeres y niñas siguen siendo las principales víctimas de un sistema de restricciones que afecta a prácticamente todos los aspectos de su vida.