El 28 de octubre: fecha límite del Supremo para que el Gobierno remita los afectados por la ley de nietos bajo amenaza de multas

El Tribunal Supremo ha requerido al Gobierno que, en el plazo de cinco días, le remita la lista con los nombres de las 163.020 personas afectadas por la suspensión cautelar del derecho al voto vinculada a la conocida como ley de nietos. El alto tribunal advierte de que, si el Ejecutivo no cumple con el requerimiento dentro del plazo establecido, podría imponer multas coercitivas e incluso trasladar los hechos a la vía penal para depurar posibles responsabilidades.

Según dos autos recogidos, los magistrados se dirigen al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Ambos departamentos deberán facilitar la relación nominal de las personas afectadas por la medida cautelar.

El requerimiento establece que la documentación debe remitirse a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral. De este modo, el tribunal reclama una identificación individualizada de los ciudadanos afectados, en lugar de información general sobre el número de personas a las que alcanza la suspensión.

La resolución judicial incluye un apercibimiento expreso a los dos ministros sobre las consecuencias de no atender la orden. En concreto, advierte de que, si transcurren los cinco días sin que se entregue la relación nominal, la Sala podrá acordar la imposición de una multa coercitiva o deducir testimonio de particulares para exigir, en su caso, la responsabilidad penal que pudiera corresponder.

El plazo fijado por el Supremo finalizará el 28 de octubre de 2026, según especifican los autos. La decisión se enmarca en la controversia judicial sobre la suspensión cautelar del derecho al voto de determinados ciudadanos que adquirieron la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como ley de nietos.

La norma permitió a descendientes de españoles exiliados solicitar la nacionalidad española. La suspensión cautelar afecta a las personas incluidas en la resolución judicial, mientras que la identificación de cada una de ellas resulta relevante para determinar el alcance concreto de la medida y sus efectos sobre el censo electoral.

Con este nuevo requerimiento, el Tribunal Supremo insiste en la necesidad de disponer de los datos individualizados de los afectados y fija un plazo concreto para que el Gobierno cumpla con la obligación de remitirlos. El incumplimiento podría abrir la puerta a las medidas coercitivas y a las actuaciones de responsabilidad previstas en los autos.