El Constitucional francés veta la ley de redes para menores

El Consejo Constitucional francés ha tumbado la ley aprobada por el Parlamento a finales de julio e impulsada por el Gobierno de Emmanuel Macron, la cual prohibía el uso de las redes sociales a los menores de 15 años. El alto tribunal dictaminó que la medida es inconstitucional por resultar desproporcionada y atentar de manera directa contra el derecho a la libertad de expresión y comunicación.

En su resolución, la corte gala consideró que la legislación carece de la suficiente precisión jurídica, alegando que la restricción a la libertad de comunicación e información “no es apropiada, necesaria ni proporcional al objetivo perseguido”. El fallo destaca que privar a los menores del acceso a determinados servicios públicos de comunicación en línea vulnera sus libertades fundamentales, aunque reconoce que la iniciativa intentaba garantizar el requisito constitucional de proteger el interés superior de los menores.

Asimismo, el tribunal subrayó que la normativa no ofrecía garantías suficientes para proteger la privacidad de la ciudadanía, ya que al exigir que todos los usuarios, incluidos los adultos, presentaran un documento oficial para acreditar su edad, se ponía en riesgo la protección de datos personales.

En respuesta a esta decisión judicial, el presidente Emmanuel Macron encomendó al primer ministro, Sébastien Lecornu, elaborar una nueva redacción jurídicamente sólida a la luz del dictamen y del marco legal comunitario. El mandatario francés remarcó que el objetivo central de su Ejecutivo continúa siendo implementar esta reforma antes de la primavera de 2027. Según indicó la Presidencia, más de treinta países evalúan iniciativas similares para limitar el acceso juvenil a las plataformas digitales, mientras la Comisión Europea trabaja en la armonización de estas disposiciones.

El Gobierno pretendía que la restricción entrara en vigor con el inicio del curso escolar en septiembre. La ley, presentada inicialmente por la diputada Laure Miller, ya había afrontado severas objeciones por parte de las instituciones europeas. La Comisión Europea advirtió en julio que diversas disposiciones vulneraban la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea al otorgar poderes excesivos al regulador estatal francés. Además, la norma no concretaba el sistema técnico de verificación de edad, dejando dicho método en manos de las propias plataformas privadas. La iniciativa también contemplaba prohibir los teléfonos móviles en aulas de bachillerato, un asunto específico sobre el cual el tribunal constitucional no llegó a pronunciarse.