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Ponce, quien ocupó la cartera de Defensa entre el 31 de agosto de 1990 y el 1 de julio de 1993, era uno de los catorce militares salvadoreños que el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco se declaró competente para investigar por su presunta implicación en el asesinato de seis jesuitas y dos de sus empleadas el 16 de noviembre de 1989.
El general retirado fue ingresado en el Hospital Militar el 24 de abril 'por padecimientos cardíacos, con diagnóstico reservado', detalló el Ministerio de Defensa, que lamentó su muerte.
Según la comunicación, murió este lunes 'por fallas multiorgánicas, aneurisma disecante de la aorta, e hipertensión arterial'.
El 13 de noviembre de 2008, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) presentaron una demanda contra catorce militares y el expresidente de El Salvador Alfredo Cristiani (1989-1994) por el caso de los jesuitas.
Los religiosos asesinados fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes y Ignacio Martín Baró, y el salvadoreño Joaquín López y López, además de la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.
El magistrado Velasco anunció en enero de 2009 que no investigará a Cristiani por considerar que 'no hay base indiciaria suficiente' e indicó que instruiría la causa contra los militares por delitos de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes.
Además de Ponce, las asociaciones consideran 'responsables' de los crímenes a los generales Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Zepeda; los coroneles Inocente Orlando Montano y Francisco Elena Fuentes y los tenientes Carlos Camilo Hernández Barahona, José Ricardo Espinoza Guerra y Gonzalo Guevara Cerritos.
También están acusados los sargentos Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo; el cabo Ángel Pérez Vásquez y los soldados Oscar Mariano Amaya y José Alberto Sierra Ascensio.
En la noche del 15 de noviembre de 1989, Ponce, en presencia del general Bustillo, coronel Zepeda, coronel Montano y coronel Fuentes, 'ordenó al coronel Benavides asesinar al padre Ellacuría y no dejar testigos', según la demanda de la CJA difundida en su página web, que cita el informe de la Comisión de la Verdad en El Salvador.
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