Portugal prohíbe ocultar el rostro en espacios públicos y establece multas de hasta 3.000 euros
NUEVA NORMATIVA
La norma, conocida como la "ley del burka", entra en vigor este miércoles y contempla excepciones por motivos sanitarios, profesionales, artísticos o climáticos
Portugal prohíbe desde este miércoles ocultar o dificultar la exhibición del rostro en espacios públicos, tras la entrada en vigor de la Ley 58/2026, treinta días después de su publicación en el Diario da República. La conocida como "ley del burka" contempla multas de hasta 3.000 euros.
La norma no menciona expresamente el burka, el nicab ni ninguna confesión religiosa, sino que establece una prohibición general sobre el uso de prendas destinadas a ocultar el rostro. La medida se aplica en la vía pública, lugares abiertos al público, espacios destinados a servicios públicos y aquellos donde se presten servicios generalmente accesibles a los ciudadanos.
La prohibición también se extiende a la participación en acontecimientos, competiciones deportivas y manifestaciones.
Excepciones y sanciones
La ley contempla excepciones cuando cubrir el rostro esté justificado por razones sanitarias, profesionales, artísticas, de entretenimiento o publicitarias, así como por motivos de seguridad o por las condiciones climáticas.
También quedan fuera de su ámbito los aviones, instalaciones diplomáticas y consulares, lugares de culto y otros espacios considerados sagrados, además de los casos autorizados por otra disposición legal.
El incumplimiento será sancionado con multas de entre 150 y 750 euros si se produce por negligencia, mientras que cuando exista intencionalidad las sanciones oscilarán entre 400 y 3.000 euros.
La norma también castiga a quienes obliguen a otra persona a ocultarse el rostro mediante amenazas, violencia, coacción o abuso de autoridad o poder. En estos casos se contempla una pena de hasta dos años de prisión o una multa penal de hasta 240 días, que se incrementará en un tercio si la víctima es menor de edad.
Las fuerzas de seguridad se encargarán de vigilar el cumplimiento de la ley y levantar las correspondientes actas, mientras que los ayuntamientos tramitarán los expedientes e impondrán las sanciones.
Una iniciativa de Chega
La iniciativa partió de Chega, partido de la oposición, y fue modificada durante su tramitación parlamentaria, entre otros aspectos para centrar la prohibición en cuestiones relacionadas con la identificación y la seguridad en los espacios públicos.
El Parlamento portugués aprobó la norma el 17 de julio y el presidente de la República, António José Seguro, la promulgó el 18 de agosto.
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