Polémica por las plazas del Tribunal de Instancia de O Barco de Valdeorras
DÉFICIT DEL 50%
El sindicato AXG denuncia falta de personal y sobrecarga de trabajo en el juzgado valdeorrés, mientras la Xunta niega que exista un déficit del 50 % en la plantilla. Alternativas na xustiza pide cubrir unas vacantes que la xunta atribuye a concursos de traslados
La cobertura de plazas del Tribunal de Instancia de O Barco de Valdeorras ha sido objeto de críticas por parte del sindicato Alternativas na Xustiza (AXG), que denuncia que de una plantilla formada por 13 trabajadores, en la actualidad “case o 50 % das prazas” se encuentran sin cubrir debido a bajas laborales y otras contingencias.
Según la central sindical, los ocho empleados en activo deben asumir además las guardias semanales y la atención a detenidos, una situación que provoca que “a tramitación dos procedementos ordinarios, tanto civís como penais, quede inevitablemente relegada a un segundo plano”.
AXG detalla que en la sección civil, cuatro personas se encargan de más de 2.000 procedimientos entre declarativos y ejecuciones civiles, mientras que un único trabajador atiende el Registro Civil. En el área penal, indican que dos trabajadores tramitan más de 450 procedimientos penales, mientras que otras dos funcionarias de auxilio judicial se ocupan de la atención al público y otras tareas.
El sindicato reclama a la Dirección Xeral de Xustiza que adopte medidas para solucionar esta “gravísima situación” y cubrir todas las plazas vacantes.
Por su parte, desde la Xunta de Galicia niegan que las vacantes correspondan a bajas laborales ni que alcancen el “50 %” denunciado por AXG. La Administración autonómica explica que la plantilla está integrada por tres funcionarios de gestión procesal y administrativa, seis de tramitación y cuatro de auxilio judicial, y atribuye los recientes movimientos de personal a los concursos de traslado impulsados por el Ministerio.
La Xunta asegura además que está poniendo “todos os medios ao seu alcance” para agilizar la cobertura de plazas y defiende que la implantación de la nueva oficina judicial se está realizando “no tempo e forma marcados pola lei”, criticando al mismo tiempo la falta de apoyo económico del Gobierno central pese a tratarse de una normativa estatal.
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