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DENUNCIA POR CORRUPCIÓN
El alcalde de O Carballiño, Francisco José Fumega, pasó a la ofensiva legal para restituir su honorabilidad y limpiar su nombre. Tras convertirse en el principal objetivo de unas graves imputaciones que la justicia acabó por desmontar y archivar, el regidor sentará en el banquillo del Penal 2, el próximo 8 de julio, al abogado responsable de iniciar la infundada causa judicial contra él, enfrentandose a una petición de dos años de cárcel por un presunto delito de acusación y denuncia falsa. El caso gira en torno a las graves imputaciones que dirigió contra el alcalde de la localidad, Francisco José Fumega, la administradora de una empresa, un asesor y un empleado municipal, a quienes atribuyó una trama de cobros ilegales que la justicia terminó archivando.
La historia comenzó a fraguarse en abril de 2021, cuando el ahora acusado, quien aseguró ayer que trabajó en el ente local hasta 2008 como técnico de Urbanismo, acudió a la Fiscalía de Ourense para denunciar al regidor y a los responsables de la empresa Galivalia Consultgo S.L., Gloria Z. y Antonio Javier F. Según aquel primer escrito, el alcalde habría favorecido a esta empresa con labores de asesoramiento para el Concello a cambio de recibir periódicamente cantidades de dinero en efectivo.
El asunto alcanzó su punto más llamativo en febrero de 2022, fecha en la que el ahora acusado presentó una nueva denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 1 de O Carballiño, endureciendo su relato e involucrando a un empleado del consistorio, Francisco R.T. El denunciante describió un episodio que supuestamente tuvo lugar en mayo de 2019 a las puertas de la cafetería Chamana. Aseguró haber presenciado cómo la empresaria entregaba un sobre a dicho empleado municipal, quien lo habría guardado en su vehículo. El acusado llegó a sostener que él mismo se encontraba en el interior de ese coche y que, al abrir el sobre, comprobó que contenía dinero destinado al alcalde Fumega.
Tras llevar a cabo las pesquisas correspondientes, el juzgado dictó el sobreseimiento provisional y el archivo de la investigación por aquellos presuntos sobornos. Lejos de terminar ahí, el alcalde y los otros tres afectados (Gloria, Antonio Javier y Francisco) decidieron pasar a la ofensiva y se personaron como acusación particular, solicitando para Agustín Manuel dos años de prisión, el pago de una multa y una indemnización de 5.000 euros para cada uno de ellos por los daños morales y reputacionales sufridos. Para la acusación particular no se trató de un simple error ciudadano, sino de un ataque deliberado y orquestado.
De cara a la vista oral, las posiciones no podrían ser más dispares. La defensa del acusado exige su libre absolución, manteniendo que su cliente actuó en todo momento creyendo que su relato era cierto y movilizado por la profunda preocupación que le causaban las supuestas irregularidades municipales señaladas por el propio interventor del Concello.
Por su parte, el Ministerio Fiscal solicita el archivo de esta causa por denuncia falsa. Sostiene que no se puede demostrar que el acusado mintiera de forma consciente o con un desprecio temerario por la verdad, recordando que el hecho de que una investigación no logre probar unos delitos y se archive no convierte automáticamente al denunciante en un delincuente. “Se nos ha dicho a lo largo del procedimiento que Agustín estaría intentando acabar con la carrera política del señor alcalde de Carballiño, y que esto se lo habría dicho a una persona, que, sin embargo, en su declaración testifical manifestó no recordar haber tenido esa conversación”, asegura la fiscal en el escrito en el que reclama el archivo de la causa por denuncia falsa.
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