Melón sigue adelante con el derribo del centro multiusos

El gobierno socialista de Melón rechazó la propuesta del Partido Popular para la creación de una comisión de investigación sobre la posibilidad de legalización del edificio multiusos Cruceiro Gordo y para la depuración de posibles responsabilidades de los dos anteriores alcaldes populares, Alberto Pardellas y Cristina Francisco, y del actual, Emilio Díaz, a raíz de la sentencia judicial que obliga al Concello a reponer la legalidad urbanística en el entorno en donde está ubicado el inmueble.

Un pleno bronco que se prolongó durante casi tres horas, en las que el portavoz del PP, Alberto Pardellas, expuso de manera exhaustiva todo lo acontecido desde su punto de vista y desde la primera sentencia de 2013, que considera que se había producido una infracción urbanística grave al ejecutar las obras en suelo clasificado como urbanizable delimitado. Pardellas defendió durante esta sesión extraordinaria solicitada por su grupo evitar el derribo si se desarrolla el plan sectorial dotacional aprobado en 2017 para legalizar las instalaciones. Sin embargo, el PP (3 concejales) no obtuvo el apoyo del gobierno (5 ediles) ni del independiente, que se abstuvo.

Descarte

Los socialistas ya habían descartado la petición de que asistiera el abogado encargado del proceso judicial, tal y como solicitara el PP. Emilio Díaz considera: “Que veña a dar explicacións ao pleno, non entra no sistema organizativo” y en relación a la comisión, afirma que no tiene ningún sentido porque “a reposición da legalidade obriga a derribar, segundo os informes técnicos municipais”. Añade, además, que el fallo del Supremo “sinala que non se poden facer planes especiais para legalizar e Cristina Francisco estivo pagando 600 euros cada mes durante anos e aínda está pendiente da vía penal por desobediencia”.

El regidor afirma que incluso intentaron evitar el derribo alegando inejecutabilidad de sentencia y también por falta de recursos, y que “non foron admitidos”. Por ello, espera ejecutar el derribo en dos o tres años con cargo a los planes provinciales de obras, si lo autoriza el Contencioso Nº 2 de Ourense.

Alberto Pardellas tenía preparadas 38 preguntas que hacerle al abogado y ante su ausencia entregó en el Concello ocho de ellas por escrito para que sean enviadas al letrado y las conteste. El portavoz tiene claro que el Cruceiro Gordo “pódese legalizar ao executar o plan especial e se non se fai é unha decisión política, non xudicial, porque a reposición da legalidade pasa por desenvolver o plan ou polo derribo, que é o que non queremos”.