Las inquiokupaciones en Ourense

El pasado sábado, mientras acompañaba a un compañero de la Comisaría Provincial en su comida homenaje con motivo de su jubilación, recibí varias llamadas de un amigo. Cuando finalmente pude atenderle, me trasladó la urgencia de la situación que estaba viviendo como propietario de un apartamento turístico en nuestra ciudad. La historia era tan sencilla como preocupante. Tras alquilar su vivienda durante dos noches a un joven, y una vez llegada la hora pactada para abandonar el inmueble, el huésped decidió simplemente que no se marchaba. Lo más llamativo no era únicamente la negativa a abandonar la vivienda, sino la actitud con la que lo hacía. Según relataba el propietario, el okupante le retaba abiertamente a llamar a la Policía, asegurándole que no iba a salir voluntariamente. Incluso llegó a ofrecerse él mismo para realizar la llamada, plenamente convencido de que la respuesta institucional no sería inmediata. Mientras la situación se prolongaba, el propio okupante publicaba en redes sociales fotografías y vídeos desde el interior de la vivienda, en las que podían apreciarse conductas claramente irrespetuosas hacia la propiedad ajena y, entre ellas, el aparente consumo de sustancias estupefacientes. La sensación de impotencia del propietario era absoluta. Había cumplido con todas sus obligaciones y, sin embargo, se encontraba con enormes dificultades para recuperar el control efectivo de su propio inmueble.

Sin embargo, sí existen okupaciones de inmuebles abandonados o desocupados

Conviene aclarar que en Ourense el problema de los allanamientos de morada, entendidos como la okupación ilegal de una vivienda habitual, una segunda residencia o cualquier otra vivienda utilizada legítimamente por sus propietarios como espacio de vida privada, es prácticamente inexistente. Sin embargo, sí existen okupaciones de inmuebles abandonados o desocupados, generalmente vinculadas a situaciones de exclusión social. Pero junto a esa realidad aparece otra muy diferente y cada vez más frecuente: la de quienes aprovechan los vacíos legales y las dudas interpretativas para prolongar artificialmente una estancia una vez finalizado el contrato que les permitía ocupar una vivienda. No hablamos de personas sin recursos ni de familias vulnerables. Hablamos de individuos que conocen perfectamente las debilidades del sistema y que actúan porque consideran que las consecuencias serán mínimas o inexistentes.

Personas que convierten el incumplimiento de las normas en una estrategia y trasladan al propietario la carga económica, emocional y jurídica del problema. Es precisamente en este punto donde aparecen las denominadas “inquiokupaciones”, una realidad que genera una enorme inseguridad entre propietarios y pequeños arrendadores. Personas que acceden legítimamente a una vivienda o a un alojamiento turístico y que, una vez finalizado el título que legitimaba su estancia, deciden prolongarla aprovechando las dificultades prácticas que existen para recuperar la posesión del inmueble de forma inmediata. Esta situación ayuda a explicar por qué muchos propietarios prefieren mantener sus viviendas cerradas antes que asumir determinados riesgos.

Por eso resulta imprescindible abrir un debate sereno pero firme sobre esta cuestión

El resultado es negativo para todos: pierde el propietario, pierde quien busca una vivienda para alquilar y pierde la sociedad, que observa cómo disminuye la confianza en la capacidad del sistema para ofrecer respuestas eficaces. Por eso resulta imprescindible abrir un debate sereno pero firme sobre esta cuestión. Los agentes de la autoridad deben disponer de herramientas jurídicas claras que les permitan actuar con seguridad cuando la situación lo requiera, evitando incertidumbres interpretativas y respuestas contradictorias. No parece razonable que una persona que ha finalizado el plazo por el que legítimamente podía permanecer en una vivienda pueda desafiar abiertamente al propietario, poner a prueba los límites del sistema y confiar en que la complejidad de los procedimientos juegue a su favor. Y tampoco resulta justo cargar sobre los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad una responsabilidad que no les corresponde. Quienes intervienen sobre el terreno se encuentran en ocasiones ante situaciones en las que la normativa y los criterios de actuación no siempre ofrecen una respuesta clara e inequívoca.

quien alquila una vivienda, quien pone en marcha un apartamento turístico o quien invierte sus ahorros en un inmueble no debería sentirse desprotegido

Lejos de faltar voluntad de actuación, lo que existe es la necesidad de actuar con prudencia para evitar vulnerar derechos fundamentales o incurrir en responsabilidades derivadas de una intervención jurídicamente discutible. Precisamente por ello, más que exigir a los agentes que asuman riesgos que no les corresponden, lo que debe reclamarse es un marco legal claro que les proporcione seguridad jurídica y herramientas eficaces para actuar cuando la situación lo requiera. Porque quien alquila una vivienda, quien pone en marcha un apartamento turístico o quien invierte sus ahorros en un inmueble no debería sentirse desprotegido frente a quienes deciden incumplir las reglas del juego. La ley debe proteger a todos, pero también debe ser capaz de ofrecer respuestas rápidas y efectivas frente a quienes pretenden aprovecharse de sus debilidades.