Acusada de mandar a su hija de 9 años sola al súper en Ourense y asfixiar a la mayor

“No les decía palabras malsonantes; soy cristiana y no es mi vocabulario”. Con esta justificación, Veridiana L. G. intentó convencer al juez instructor que la interrogó por un caso de violencia familiar de que la relación con su hija mayor era casi la de “una amiga”. Sin embargo, el Ministerio Fiscal y la Policía Nacional trazaron una realidad diferente en el interior del piso familiar de la calle Ervedelo de la ciudad: tirones de pelo, intentos de asfixia y menores de 9 y 3 años abandonadas a su suerte mientras su madre, presuntamente, se iba de viaje a Londres o Brasil.

El juicio para esclarecer este presunto infierno doméstico debía celebrarse ayer, pero el cara a cara no llegó a producirse: la incomparecencia de la hija mayor -la denunciante- obligó a la jueza de Plaza 2 de la Sección Penal a suspender la vista judicial hasta el próximo 16 de junio.

A los nueve años, la pequeña C. no bajaba a la calle a jugar. Según la Policía Nacional, su madre le preparaba una lista, le entregaba un teléfono móvil y la mandaba al supermercado con el carrito mientras ella se quedaba acostada. Es solo uno de los episodios de trabajo forzado, agresiones y abandono que componen el asunto penal contra Veridiana L. G., quien se enfrenta a una petición de tres años de prisión y a la expulsión del país por presunto maltrato habitual a sus tres hijas.

La investigación se originó el 22 de febrero de 2022, cuando Y., nacida en 2003, se personó en la Comisaría. La joven relató a los agentes que tuvo que abandonar el domicilio familiar, nada más cumplir los 18 años, huyendo del maltrato de su progenitora. En su crudo testimonio, la denunciante relató que durante la convivencia fue agredida en diversas ocasiones. Afirmó que su madre llegó a agarrarla por el cuello hasta rozar la asfixia y que la arrastraba por la casa tirándole del pelo. La violencia, sin embargo, no era solo física. Relató que la acusada la obligaba a trabajar y que llegó a gastarse el dinero del sueldo de la joven en la compra de un coche.

La fiscal, en su escrito de calificación, habla de dejación de funciones por parte de la acusada, porque obligaba a sus hijas a asumir responsabilidades impropias de su edad. No en vano, la joven confesó que durante el mes de diciembre de 2021, la madre se fue de viaje a Londres y a Brasil, dejando a sus dos hijas menores, de 9 y 3 años, al cuidado exclusivo de ella. La mayor vivía con el temor constante por la integridad física de sus hermanas pequeñas, asegurando que ellas también eran víctimas de los malos tratos.

El entorno cercano a la familia avala la versión de la hija mayor. La expareja de Veridiana y padre de la hija menor, quien ayer tampoco compareció por enfermedad, declaró que “las niñas eran maltratadas” por la inculpada. El testigo describió una espiral de negligencia y presunto alcoholismo que acabó con la intervención de los servicios de protección de menores porque la acusada “bebía y se emborrachaba”. De hecho, el testigo declaró que Veridiana llegó a ser detenida en una ocasión en la que las niñas se encontraban solas en casa.

La ruptura del núcleo familiar implicó que la denunciante se fuese a vivir a Portugal, huyendo de su madre, hasta el punto de que “no puede ni escuchar el nombre” de su progenitora.

Veridiana negó tajantemente haber agredido a su hija, afirmando que nunca le dio “ni siquiera una colleja”. Para la acusada, la relación con su hija mayor era “buena”, definiéndola casi como “una amiga” y destacando que incluso le organizó una fiesta sorpresa de cumpleaños. Justificó las discusiones alegando que se enfadaba porque su hija había abandonado los estudios. Cuando se enfadaba alzaba la voz, pero “no le decía palabras malsonantes porque es cristiana y no es su vocabulario”.

La fiscal considera a la progenitora autora de un delito de maltrato físico y psíquico habitual. Además de solicitar tres años de prisión, exige la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 5 años. Y reclama la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de sus hijas, así como a sus domicilios o lugares de trabajo, y la prohibición total de comunicarse con ellas durante cinco años. El Ministerio Público pide que la pena de prisión de tres años sea sustituida por la expulsión del territorio nacional. No podría regresar a España en seis años.