Acusados de comerciar con tres coches que fueron sustraídos en Portugal

Antonio P.H, Eduardo D.G. y Óscar Manuel P.O. se sentaron este martes en el banquillo del Penal 1 acusados de haber dispuesto de una trama para matricular en España, entre 2020 y 2021, tres turismos -dos BMW y un Mercedes-, que habían sido sustraídos en Portugal. Uno de los encargados de investigar el caso señaló que la dinámica era hacerse con vehículos contratados en modalidad renting, a través de terceras personas, que se dejaban de pagar y como aún no tenían señalamiento de sustracción se matriculaban en España y se vendían. “La empresa no suele denunciar inmediatamente, deja pasar un tiempo”, señaló otro agente.

El rol que atribuyen a cada uno es claro: Eduardo D.G. sería el intermediario entre Portugal y España, el cual le habría vendido los vehículos a la empresa de Antonio P.H., consiguiendo matricularlos en la gestoría de Óscar Manuel P.O. Este martes no declaró ninguno de los tres acusados, ya que las defensas pidieron que lo hagan en último lugar, por lo que se espera su testimonio en el segundo día de juicio, el 10 de abril -el martes se tuvo que aplazar por la falta de testigos-. Sí que intervino uno de los empleados de Antonio P.H., quien aseguró que hicieron consultas sobre los turismos y no figuraban incidencias.

Respecto a cómo llegaron hasta ellos estos vehículos, explicó que se los ofreció Eduardo a Antonio. Él se enteró de que había un problema con ellos cuando fue a llevar un coche a Madrid. Durante el trayecto, lo llamaron del negocio a donde se dirigía para contarle que estaba el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil allí esperando por el turismo. “Se habló con Eduardo y dijo que no tenía ningún problema”, aseguró el trabajador. Además, explicó que hacían las transferencias al banco que les indicaba Eduardo.

Un perito propuesto por la defensa explicó en el juicio que en la documentación de la mayoría de coches que vienen de fuera constan titulares que no coinciden con los vendedores. “Esto sucede porque hay intermediarios y los vehículos no se llegan a poner a su nombre”, indicó.

La ausencia de varios testigos obligó a aplazar el juicio tras la declaración de los peritos. Se reanudará el 10 de abril en una sesión que está programada la declaración de los tres acusados. La fiscal solicita para ellos una pena de dos años y seis meses de prisión y una multa de 1.800 euros por un delito de continuado de falsedad en documento mercantil al considerar que para la matriculación de los vehículos presentaron facturas que no responden a la realidad.