Amenazó a su exmujer en Ourense: habló de cómo era matar a cuchilladas

TRIBUNALES

La misma jueza condena a ambos excónyuges por vejaciones mutuas y a él lo absuelve de maltrato habitual

Los dos acusados, el día de la vista preliminar, previa al juicio.
Los dos acusados, el día de la vista preliminar, previa al juicio. | M.C.

La magistrada de la Plaza 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ourense ha condenado de forma cruzada a Julio Fernando V.R. y a Rocío G.C., un exmatrimonio con dos hijas menores en común, tras un proceso derivado de un entorno familiar altamente conflictivo. La sentencia impone penas a ambos por delitos de vejaciones, suma una condena por amenazas al hombre, quien fue presidente de un club deportivo entre 2003-2007 y presidió la gestora de un partido político hasta que lo expulsaron, y absuelve a este último de los cargos más graves de maltrato habitual y lesiones.

Durante el procedimiento, la acusación particular y el Ministerio Fiscal solicitaron penas de prisión para Julio Fernando, argumentando que este ejercía un férreo control económico y psicológico sobre la mujer. Sin embargo, la magistrada María Victoria Candamo determinó que no ha quedado acreditado que el acusado impusiese un “ambiente de terror y dominación” en el domicilio familiar. La sentencia señala que la mujer percibía una nómina mensual de 1.200 euros en una empresa del acusado y que no se probó un control sobre sus finanzas, sus dispositivos electrónicos o su vida social, motivos por los cuales el hombre resultó absuelto del delito de maltrato habitual y de las presuntas agresiones físicas.

Lo que sí consideró probado la magistrada fue la existencia de agresiones verbales e intimidaciones por parte del acusado. La resolución acredita que el hombre dirigió a su entonces esposa insultos habituales como “idiota”, “ignorante de libro”, “puta” y “zorra”, llegando a espetarle en una ocasión: “¿A dónde vas así, zorra?”.

En el ámbito de las amenazas, el fallo da por ciertos dos graves episodios gracias al testimonio clave de una amiga de la víctima, que pudo escucharlos en directo a través del manos libres del teléfono. Considera probado que, con claro ánimo de amedrentar, Julio Fernando le detalló a su entonces esposa que la forma de matar consistía en “clavar un cuchillo en el abdomen y retorcerlo”.

En otra ocasión, al ser preguntado por el paradero de unos cordones de zapatillas, el acusado afirmó en tono “sarcástico, raro y siniestro” tener “chicas enterradas en la finca”. Aunque durante el juicio se evidenció que la víctima inicialmente se rio y no se tomó en serio estos comentarios, la magistrada es tajante en su resolución: recalca que las amenazas son un “delito de peligro hipotético” que se consuma al recibir el mensaje, por lo que la ley no exige que se produzca una perturbación inmediata del ánimo de la víctima. Para la jueza, la “idoneidad de aquellas expresiones para perturbar el ánimo de cualquier persona” resulta innegable por su propio contenido, reforzando este argumento con el hecho de que la amiga que estaba al otro lado del teléfono confesó haberse sentido intimidada desde el primer instante.

 70 días de trabajos comunitarios

Por estos hechos, Julio Fernando fue condenado como autor de un delito de amenazas a 70 días de trabajos en beneficio de la comunidad (sustituibles por 10 meses de prisión), a la privación del derecho a la tenencia de armas por dos años, y a una orden de alejamiento de 100 metros y prohibición de comunicación respecto a la víctima durante dos años. Además, suma otros 30 días de trabajos comunitarios por el delito de vejaciones.

Por su parte, la jueza también condena a Rocío como autora de un delito leve de vejaciones injustas. La sentencia da por probado que, en el contexto de las discusiones familiares, la mujer también profirió expresiones ofensivas contra el acusado, llamándole “sinvergüenza” y “loco” el 20 de febrero de 2024. Por ello, se le ha impuesto una pena de 10 días de trabajos en beneficio de la comunidad o, en su defecto, 10 días de localización permanente.

La sentencia establece indemnizaciones cruzadas por los daños morales. Él deberá abonar a su exmujer la cantidad de 1.500 euros y ella pagará 300. 

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