El bus urbano de Ourense, al límite: impagos de 14 millones

El servicio de transporte público urbano de Ourense afronta tiempos críticos. A la compleja situación económica que arrastra la actual concesionaria, Urbanos de Ourense (del grupo Avanza) por los impagos del Concello, se suma en los últimos días el vandalismo contra la flota de vehículos y la paralización de la nueva concesión.

La empresa emitió este martes un comunicado advirtiendo que los reiterados incumplimientos de pago por parte del Concello de Ourense han elevado la deuda municipal a más de 14 millones de euros. Según detalla la dirección, esta abultada cantidad, avalada por una sentencia judicial firme, incluye tanto las facturas ordinarias pendientes de abono como los costes adicionales correspondientes a los ejercicios 2024, 2025 y el periodo transcurrido de 2026. La concesionaria subraya que el último ingreso procedente de las arcas municipales se registró el pasado 24 de febrero, un abono que correspondía a la liquidación de la factura de noviembre de 2025.

Esta falta continuada de liquidez ha llevado a la compañía a calificar su situación financiera actual de "insostenible". Hasta el momento, la dirección de Urbanos de Ourense afirma haber logrado mantener la operatividad del servicio asumiendo únicamente "leves y puntuales retrasos" en los pagos a sus proveedores y en las nóminas de sus empleados.

Nómina en el aire

Sin embargo, la dirección trasladó oficialmente al comité de empresa, como había adelantado este periódico, que, ante la persistente falta de ingresos por parte de la administración local, no puede garantizar el abono de la paga extraordinaria, cuya fecha de pago está fijada para este miércoles. Esta contingencia agrava el conflicto y abre la puerta a la posible convocatoria de movilizaciones y paros por parte de una plantilla que ya venía reclamando una solución a la inestabilidad de sus retribuciones.

Paralelamente al conflicto financiero e institucional, la tensión ha derivado en incidentes. La empresa ha denunciado ante las autoridades que, durante los últimos días, un total de 15 autobuses de su flota han sufrido sabotajes consistentes en pinchazos intencionados en las ruedas. La dirección de la compañía ha calificado estos actos vandálicos de "muy graves", advirtiendo de que los daños en los neumáticos comprometen directamente la seguridad de los ciudadanos y de los usuarios del servicio.

Asimismo, la empresa adelanta que mantendrá una postura "inflexible", emprendiendo las acciones legales oportunas en el momento en que las pesquisas policiales logren determinar la autoría.

Una década en precario

El servicio de autobuses urbanos de Ourense opera en situación de precario desde 2015, año en el que caducó el contrato original. Aunque el Concello adjudicó recientemente la gestión integral del nuevo servicio a la UTE formada por Sagalés y Gavilanes, el proceso de relevo ha quedado en suspenso por la presentación de diversos recursos especiales en materia de contratación.

Tres recursos paralizan la adjudicación a Gavilanes

El proceso para la renovación del servicio, adjudicado a la UTE Sagalés-Gavilanes, ganadora del concurso con 93,4 puntos, se encuentra formalmente paralizado. El Concello de Ourense hizo públicos este martes los anuncios que confirman la presentación de recursos especiales en materia de contratación por parte de la totalidad de los competidores que no resultaron elegidos.

La propia empresa que actualmente gestiona el servicio, Avanza —que concurrió junto a Autos González y quedó clasificada en cuarto y último lugar con 82,760 puntos, aunque presentó la mejor oferta económica— inició esta vía el 7 de julio al interponer su recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia.

A esta reclamación se sumaron el 8 de julio las impugnaciones de las otras dos UTE descartadas en la baremación. Por un lado, recurrió la UTE de Monbus, que había obtenido la segunda posición con 87,830 puntos. Por otro, hizo lo propio la UTE integrada por Barraqueiro y la ourensana Anpian, tercera en el proceso con 85,125 puntos.

Este escenario ha obligado al Concello de Ourense a posponer la firma del nuevo contrato hasta que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia resuelva los recursos presentados.