El Casco Vello de Ourense agoniza en espera de un plan en trámite que nacerá caducado

Ourense tiene la trágica costumbre de llegar tarde a su propia boda. Sobrepasado el ecuador de mayo de 2026, el Concello ha vuelto a perder la carrera contra la ruina y, mientras el Casco Vello colapsa físicamente, los tiempos de la política municipal siguen anclados en el letargo de los despachos. El Consello da Xunta recibió ayer el Plan de Dinamización del Área Rexurbe redactado por el Concello, el documento técnico que establece la hoja de ruta y la financiación obligatoria para salvar la zona histórica. Sin embargo, este trámite desnuda una cronología administrativa desesperante.

Ourense se convirtió en el décimo conjunto histórico de Galicia en contar con este salvavidas cuando el gobierno autonómico publicó la declaración oficial en el Diario Oficial de Galicia el 12 de marzo de 2025. Con el reloj en marcha, el Concello tenía la obligación de remitir su Plan de Dinamización para concretar las inversiones. El gobierno municipal entregó el documento el 30 de enero de 2026, casi un año después. Tras recibirlo, el Instituto Galego da Vivenda e Solo realizó durante meses el informe preceptivo y ahora, con el documento sobre la mesa del Consello da Xunta, la Administración autonómica devuelve la pelota recordando que le toca al Concello de Ourense aprobar el plan en pleno para que, por fin, pueda empezar a avanzarse en el mismo.

Ha pasado más de un año desde la declaración del área, pero sigue sin concretarse. Y esto es letal, porque el propio documento redactado por el Concello contiene un cronograma de inversiones que ya nace caducado. Las tablas de viabilidad económica del plan proyectaban ejecutar 3.095.057,82 euros en el año 2025 y 3.452.994,85 euros durante este 2026. Es decir, a estas alturas, el Casco Vello debería haber recibido ya más de cinco millones de euros al amparo de plan-contando lo contemplado en 2025 y la primera mitad de 2026- para frenar su colapso. En lugar de eso, la ciudad asiste a un escenario de cenizas, cascotes y calles precintadas a la espera de aprobación plenaria.

El símbolo de la desidia

La histórica Casa de Baños do Outeiro se ha convertido en el triste emblema de esta ineficacia municipal. El Plan de Dinamización dedica un apartado específico a su rehabilitación, recordando su “protección integral” e ideando recuperar su uso termal. Leer este epígrafe hoy, tras el incendio que devastó su interior la pasada semana, resulta una crueldad. El texto municipal detalla las múltiples líneas de financiación que la Xunta tenía abiertas en 2025 y 2026 para este espacio, contemplando hasta 600.000 euros de fondos solo para este año, pura ironía en un inmueble abandonado y okupado hasta ser reducido a cenizas.

Ese fuego es solo la punta del iceberg de un deterioro en la zona histórica que no soporta más parches ni retrasos. El propio plan admite que la red de saneamiento data de finales del siglo XIX y los años 20 y 30 del siglo XX, lo que hace urgente ejecutar una red separativa de pluviales y aguas negras con un coste estimado que supera los 30 millones de euros. Las fuertes tormentas de abril, que provocaron auténticas riadas de lodo en la rúa Colón, son la factura a pagar por esta obsolescencia. De la misma manera, el riesgo en las calles lo evidencian el desplome de una pared en la calle Pelayo el pasado febrero o los desprendimientos en un edificio en ruinas de la rúa Liberdade, que mantienen la zona precintada desde abril. El propio Concello tenía fincas de esta última calle fichadas como solares en ruina en sus expedientes urbanísticos desde hace más de una década.

El 60% de edificios están en mal estado y el 90% de locales, vacíos

El diagnóstico que certifica el Plan de Dinamización es demoledor y dibuja la radiografía de un enfermo en la UCI. El 59,25% de los 1.065 edificios del ámbito protegido, lo que supone 631 inmuebles, están en estado deficiente, malo o ruinoso. El tejido comercial ha sido aniquilado por completo, con un 89,38% de los locales cerrados, lo que se traduce en 858 bajos vacíos. A este desierto arquitectónico y económico se suma un alarmante éxodo demográfico, ya que la zona pierde un 5,3% de población de forma continuada, reteniendo apenas a 3.881 residentes muy envejecidos, lo que representa solo el 8,8% del total del municipio.

La xunta pagaría la mitad

Para evitar la muerte definitiva del barrio, el plan tasa la intervención integral en 41.589.862,70 euros hasta 2033. Frente a las habituales quejas municipales sobre la falta de apoyo autonómico, los números redactados por el propio Concello no dejan lugar a dudas sobre quién pagará la factura: la Xunta de Galicia asumirá el peso abrumador del rescate inyectando 21.566.614,00 euros, el 51,8% del plan. El Concello de Ourense solo aportará 3.718.138,41 euros, un exiguo 8,9%. El resto se fía a la inversión privada con 11.991.205,60 euros, a la Diputación con 2.418.249,49 euros y al Estado con 1.895.655,21 euros.

La administración autonómica diseñó la herramienta legal y aportará la inmensa mayoría del dinero público. Ahora, la pelota volverá al tejado del Concello.