Cisma familiar por el presunto maltrato a una madre anciana en Ourense
JUICIOS EN OURENSE
La acusada niega los insultos y pellizcos que relataron dos hermanos para “echarme del piso”
Una vecina de la ciudad ligada al mundo del Derecho se sentó en el banquillo de la Sección Penal (plaza 2) acusada de maltratar física y psicológicamente a su madre, Mercedes D.P., una mujer de 86 años fallecida en agosto de 2024. El juicio, desarrollado durante toda la mañana de ayer, marcado por el enfrentamiento entre tres hermanos y momentos de emotividad, evidenció una profunda fractura familiar con dos versiones diametralmente opuestas sobre los últimos meses de convivencia en el domicilio de la perjudicada en el barrio de A Ponte, en donde siempre vivió la inculpada.
La fiscal, que acusó por un delito de malos tratos habituales en el ámbito familiar, sitúa los episodios de violencia entre finales de 2022 y la primavera de 2023. Según el Ministerio Público y la acusación particular, ejercida por dos de los hijos de la fallecida -uno de ellos un conocido abogado de Ourense-, la inculpada, Elisa Mercedes R.D., sometió a su madre “a un control continuado, profiriendo insultos, pellizcos y golpes en los brazos, además de favorecer su aislamiento”.
El relato acusatorio destaca agresiones físicas concretas, como los hematomas que una nieta, que entonces estudiaba Medicina, aseguró haber constatado en los brazos de la mujer, o un episodio en el que la acusada habría propinado dos bofetadas a la anciana mientras le espetaba: “Aquí la jefa soy yo”.
La acusación particular dibujó un contexto más severo de humillaciones y negligencia, asegurando que la denunciante vivía en un ambiente de profundo temor y sumisión a las decisiones de su hija. Los hermanos sostienen que la víctima, a pesar de sus graves problemas de movilidad, llegó a permanecer sola algunos fines de semana, viéndose obligada a comer de pie “una sopa fría” para evitar sentarse ante la imposibilidad de volver a levantarse sin ayuda. Además, añaden a la causa penal un presunto control económico abusivo, señalando movimientos irregulares en las cuentas bancarias de la fallecida, como la retirada de 20.000 euros en un solo día, gastos personales por valor de 50.000 euros a lo largo de un año, y la desaparición de varias joyas familiares y de 6.000 euros en efectivo que se guardaban ocultos en el salón de la vivienda.
Más de 20 testigos
Durante la vista oral, por la que desfilaron más de 20 testigos entre familiares, vecinos o incluso la farmacéutica o la peluquera de confianza, cobraron especial relevancia los testimonios del entorno clínico y de cuidados. La mujer que acudía entre semana para asistir en las tareas del hogar ofreció una declaración ambigua en el juicio, aunque la propia jueza le recordó que, durante la fase de instrucción, sí había afirmado presenciar los insultos y pellizcos. Por su parte, la psicóloga clínica que trató a Mercedes ratificó ante la jueza que la propia anciana le relató de forma expresa haber sido víctima de malos tratos por parte de la acusada.
Elisa Mercedes negó tajantemente los hechos, afirmando en su defensa que cuidó de sus dos padres “lo mejor que supo”, sin recurrir jamás a la violencia ni apropiarse indebidamente de sus bienes. Argumentó que el relato de la anciana ante su terapeuta o en la denuncia policial pudo estar manipulado. Una especie de “maniobra” para que abandonara el piso familiar, e incluso responsabilizó del “detonante” de la denuncia a su sobrina médico. “Lo han magnificado de una manera incomprensible”, aseguró. E incluso valoró que su hermano abogado había “pedido el norte”.
En esta misma línea, varios testigos aportados cuestionaron la existencia de un sometimiento, describiendo a la víctima como una mujer totalmente autónoma y de un carácter fuerte.
La convivencia familiar se truncó de forma definitiva cuando la denunciante, el 21 de junio de 2023, se fue con hijo abogado a vivir tras llamarlo por teléfono y confesarle que Elisa la había pellizcado e insultado en presencia de la cuidadora por llegar tarde a casa.
Falleció en agosto del año siguiente sin ver cumplido su deseo de regresar a su casa y el desahucio del inmueble que habita la acusada, aplazado por la causa penal.
Penas de cárcel
Fiscal: Acusa por malos tratos habituales y pide 90 días de trabajos comunitarios.
Acusación particular: Reclama un total de cuatro años de cárcel por lesiones psíquicas y maltrato habitual; dos meses multa (a cinco euros día) por lesiones físicas leves, además de las facturas del psicólogo que atendió a la perjudicada (2.550 euros), 4.000 euros por daños morales y las costas.
Defensa: Absolución.
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