Un colegio de Ourense deberá indemnizar a una alumna que sufrió acoso escolar

La Audiencia Provincial de Ourense ha condenado al colegio Luis Vives a pagar 12.000 euros a la familia de una alumna por no adoptar las medidas oportunas para poner fin a la situación de acoso escolar sufrido por la estudiante cuando cursaba 4º de la ESO. La joven comenzó en el verano de 2022 a sufrir “bullying” principalmente por motivo de su orientación sexual, pero también por razones sexistas. En esa época, dos alumnos la añadieron a un grupo de Whatsapp llamado “No al LGBT”, donde enviaban banderas LGTBI tachada o expresiones como “el patriarcado es peligroso” o “nosotres sabemes limpier”, burlándose del lenguaje inclusivo.

Aparte, también existía otro grupo integrado por los compañeros de clase, en el cual se enviaron imágenes de un futbolista con un brazalete y una bandera nazi o una esvástica. El acoso no se limitó al ámbito virtual, ya que otra alumna contó cómo durante una discusión alguien se dirigió a la víctima con la expresión: “Cállate lesbiana”. Además, uno de los informes psicológicos documentó un episodio en el que a la menor le arrojaron objetos por la espalda “ante la indiferencia del profesor”, un hostigamiento grupal del que los padres llegaron a quejarse en un correo remitido a la directora del centro.

Los informes psicológicos evidenciaron en la víctima timidez, vergüenza o ansiedad. Uno de ellos mencionó que incluso comenzó a mostrar ansiedad anticipatoria por las palabras que le dirigieron dos alumnos al comienzo del curso 2022-23, quienes la catalogaron como persona enferma y le anunciaron que se lo iban a pasar muy bien en clase metiéndose con ella. La situación llegó hasta tal punto que los padres discutieron sobre la conveniencia de que acudiese al colegio.

La Audiencia Provincial considera acreditada la existencia del acoso escolar y cree que existe responsabilidad del colegio Luis Vives, que no obró con “toda la diligencia exigible”, aunque remarcan que su conducta “no puede ser calificada como pasiva, en la medida en que existió preocupación” por la situación de la alumna y algunas medidas “sí fueron adoptadas en aras a lograr su bienestar ”.

Sin embargo, la sentencia señala que el centro no adoptó las medidas oportunas para poner fin a la situación de acoso, la cual los jueces creen que no fue detectada, mediante las herramientas disponibles. Citan la ineficacia de las medidas de supervisión, aludiendo a cuando recolocaron a uno de los alumnos que acosaba a la víctima delante de ella en clase. Por todo ello, el centro deberá indemnizar con 12.000 euros a los padres de la joven, que actuaron en representación de su hija.