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El padre de una exalumna del colegio Luis Vives que denunció hace unos meses un caso grave de acoso escolar ante la Policía Nacional -caso que el centro tildó de “incidente”-, asegura que su hija “ya vuelve a ser, poco a poco, la niña pizpireta que fue siempre”, aunque le queda camino y una sesión más de terapia para prevenir conductas suicidas.
Su hija, que ahora tiene 16 años y está en otro centro cursando Bachillerato, tomó tras las últimas vacaciones de Semana Santa la medicación contra la diabetes de su progenitor, insulina incluida, en un intento de autolesionarse. Anteriormente, había escuchado comentarios de compañeros de clase de cuarto curso de la ESO que le decían que “debía estar muerta” por su defensa del colectivo LGTBI, al que pertenecía. No pregonaba su bisexualidad, pero tampoco la ocultaba en su grupo de scouts, al que logró acceder uno de los presuntos acosadores, compañero de clase y “amigo”. De esta forma, durante el curso 2021/2022, comenzó a ser motivo de mofa en un grupo de Whatsapp y redes sociales como Instagram, con comentarios homófobos y machistas.
Pero fue durante el último curso de Secundaria cuando “el calvario”, provocado por dos alumnos y “otros tres o cuatro que les seguían las gracias”, subió de grado, según el abogado madrileño Fernando Gómez-Chaparro Díaz, experto en asuntos de acoso escolar. Aunque, tal como matiza, “lo sucedido fue salvaje, pocas veces vi algo igual”. La afectada tuvo que terminar el curso en su propia casa, con una profesora designada por la Consellería de Educación.
El letrado representa a los padres de la niña en la demanda interpuesta contra el Luis Vives y que ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instancia 3 de Ourense. Reclama 50.000 euros por los daños infligidos y que atribuye a la “inactividad” del colegio, al que acusa de pasividad a la hora de adoptar medidas. “Los padres lo ponen en conocimiento del colegio en octubre de 2022 y el protocolo de acoso no se abre hasta abril de 2023, cuando está literalmente destruida, cuando la niña intenta suicidarse y se presenta una denuncia en Comisaría”, explica Gómez-Chaparro Díaz. “Cuando llevamos a nuestros hijos al colegio, le encomendamos la guarda y custodia y, si se saben que hay casos de bullying, deben proteger a las víctimas”, añade.
La denuncia policial se puso en conocimiento de la Fiscalía de Menores el 5 de abril, que incoó diligencias preliminares por un delito contra la integridad moral y reclamó el protocolo de acoso al centro. También tomó declaración a la víctima, a los profesores y a los dos supuestos acosadores. Ahora están pendientes de un informe del Instituto de Medicina Legal, según confirmaron ayer fuentes de la Fiscalía de Galicia.
Juan F., el padre, sostiene que lejos de recibir apoyo del colegio, “tras la denuncia policial, nos acusaron de problemáticos y ya fue todo un acoso y derribo contra nosotros”. El protocolo se cerró sin más, dice.
A la demanda hay aportadas todo tipo de descalificaciones a la adolescente: “Pedazo de engendro”, “escoria”, “normal que nadie te quiera”, “sinceramente eres una feminazi”… Uno de los supuestos acosadores llegó a crear un grupo de Whatsapp en que metió a su colega, pero también a la perjudicada y al que rotuló como “No al LGTBI+”. Mientras, en el grupo de clase para deberes y exámenes apareció una imagen desfigurada de la joven y alusiones del tipo “te falta Fairy” o “el patriarcado es peligroso”.
La directora del centro, Iria Vence, aseguró ayer a este diario que el colegio no puede hacer declaraciones mientras haya dos procedimientos judiciales abiertos (en la vía civil y la Fiscalía de Menores). “Ahí es donde se tiene que resolver esta cuestión y el centro no puede comentar nada más porque son menores y hay que velar por su protección”, aseguró la responsable.
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