El Colexio da Avogacía de Ourense se prepara para una asamblea convulsa

El Colexio da Avogacía de Ourense (ICA) celebrará mañana la asamblea que venían reclamando desde hace meses los críticos con la gestión de la actual Junta de Gobierno. El encuentro servirá para fiscalizar la labor de los actuales dirigentes a petición del sector crítico. Fue el Consello da Avogacía Galega quien obligó a celebrar este encuentro tras la petición de 104 abogados.

“El único fin de la convocatoria es su utilización como herramienta de escarnio público en prensa”, aseguró la decana, Marta Gómez, en una carta dirigida a los colegiados. “La finalidad de esta acción es posibilitar la puesta en común de hechos y el debate colegial, ejerciendo el control democrático inherente a la pertenencia a la corporación”, señalan los críticos.

Uno de los puntos a tratar será las demandas presentadas por trabajadores contra el ICA. Al respecto, los críticos explican que recientemente se acaba de extinguir por acuerdo indemnizado la relación laboral con otra trabajadora con 25 años de antigüedad y que había demandado por acoso laboral.

En este punto, reclamaba votar sobre la obligatoriedad de autorización en asamblea extraordinaria de cualquier disposición de fondos colegiales para abonar cantidades a los trabajadores del ICA en transacción o conciliación que supongan extinciones o modificaciones de la relación laboral.

Marta Gómez es tajante sobre la gestión llevada a cabo. “Las representaciones letradas de los trabajadores han acusado de acoso a esta junta y a la decana por el mero hecho de pedir que cumplan sus funciones y dar explicaciones de gestión en la asamblea general. (…) Exigir el cumplimiento de las funciones profesionales no es acoso; es responsabilidad en la gestión”, asegura.

Abogada de Barcelona

Una de las cuestiones que generó más enfado entre los colegiados fue que representase al colegio en estos pleitos laborales una abogada de Barcelona. Por ello, en la asamblea se pedirán aclaraciones sobre el coste económico que ha supuesto para el ICA, así como la explicación del procedimiento de selección de dicha profesional.

Por otro lado, se analizarán cuestiones organizativas como el traslado de la gestión y solicitudes del Turno de Oficio al Palacio de Justicia, el funcionamiento de los avisos a los profesionales de la Justicia gratuita y la distribución económica de los importes abonados por la Xunta para las asistencias penales.

Todas estas cuestiones se debatirán en un clima marcado por las acusaciones del sector crítico de falta de transparencia en la gestión de la actual Junta de Gobierno desde el inicio del mandato. “La transparencia institucional, la participación colegial y el respeto efectivo a los derechos de todas las personas colegiadas deben seguir siendo principios irrenunciables en el ICA”, reivindican.

“Se nos acusa, paradójicamente, de falta de información y, al mismo tiempo, de vulnerar la protección de datos y de un posible delito de revelación de secretos por dar demasiada”, asegura la decana.