Seísmo en la abogacía ourensana

DIVISIÓN ENTRE LOS COLEGIADOS

Cuatro de los cinco empleados han demandado al Colexio da Avogacía desde que la nueva junta de gobierno tomó posesión en febrero, tensando el clima entre los colegiados, que se muestran cada vez más divididos sobre la gestión de la entidad

Primero de los dos juicios celebrados ayer en el Social 1 por demandas de trabajadoras del Colexio da Avogacía.

La división entre los abogados por la gestión de la nueva junta de gobierno del Colexio da Avogacía de Ourense (ICA) es cada vez mayor y así quedó patente ayer en los dos juicios celebrados en el Social 1 por las desavenencias entre dos trabajadoras de la entidad con decisiones tomadas por la actual directiva, presidida por Marta Gómez, que tomó posesión el pasado mes de febrero.

Desde entonces, cuatro de los cinco empleados que tenía el ICA presentaron demanda contra el Colexio. Solo una de ellas se resolvió por el momento y supuso la salida del secretario técnico después de 18 años de trabajo tras un acuerdo previo al juicio en el que se pactó una indemnización para el trabajador.

Este miércoles se juzgaron en el Social 1 dos de los pletitos ante la atenta mirada de varios abogados que asistieron como público. La primera demanda la presentó una empleada que lleva 24 años trabajando en el Colexio contra la sanción -suspensión de dos meses y medio de empleo y sueldo- que le impuso el ICA argumentando incumplimientos en su trabajo.

Según la letrada que representó ayer al ICA, la empleada se encarga de la contabilidad, el control de facturas o de gestionar los pagos de los desplazamientos. “En el mes de junio no tenía acabada la contabilidad del mes de febrero cuando ya había pasado un trimestre”, explicó la abogada.

Precisamente el retraso en la entrega de la contabilidad fue uno de los motivos en los que basó la sanción el Colexio, pero no el único. También aludió ayer a la tardanza en los pagos de desplazamientos, el impago del seguro de ciberseguridad del ICA o el incumplimiento de su jornada laboral. Respecto a esta última cuestión, señaló que en julio y agosto que su horario era de 9,00 a 14,00 horas. “El 18 de julio, fuera de la jornada laboral, accede al puesto de trabajo y permanece allí al menos dos horas sin fichar el mismo día en el que se le notifica que no puede realizar horas extras”, aseguró la abogada. Por último, defendió que el modo de actuar de la junta de gobierno fue “profesional y paciente” y el proceso “garantista”.

Derecho a la desconexión

No coincidió la representación de la empleada, cuyo abogado incidió en que la conducta de su cliente en estos 24 años ha sido “escrupulosa”. Respecto a la presencia de la trabajadora la tarde del viernes 18 de julio en el Colexio, señala que ese día, cuando ya estaba finalizando la jornada, recibió un correo en el que se le requiere que presente una documentación antes del martes. “Seguramente fue el 18, pero si no trabajaba ni sábado ni domingo, ¿cuándo podía atender ese requerimiento caprichoso?, se preguntó.

Además, señaló que el expediente sancionador se firmó el 29 de julio y el 30 de julio, un día antes de que se fuese de vacaciones, solicitaron a la empleada que enviase toda la contabilidad de 2025 por orden alfabético. “La trabajadora ya no pudo más y fue al médico”, señaló el letrado. De hecho, desde ese día se encuentra de baja. Por otra parte, denunció que se vulneró su derecho a la desconexión digital al recibir correos en fin de semana.

En el juicio declararon entre otros el exsecretario técnico del Colexio y la anterior decana, Pilar López-Guerrero. Esta última aseguró que le consta que reubicaron a la trabajadora desde el despacho al mostrador, lo que en base a su experiencia implica una mayor carga de trabajo. Además, señaló que siempre actuó con la “máxima profesionalidad”. Ambos coincidieron en que la trabajadora era “la cara amable” del ICA.

Segundo juicio

Inmediatamente después de este juicio, el Social 1 acogió una nueva vista por la demanda de otra trabajadora del Colexio que exige que se le reconozca el complemento de antigüedad en base a la costumbre empresarial, ya que se le ha abonado a otros trabajadores. Este año cumple tres años en su puesto y en julio lo percibió, pero en septiembre recibió un burofax informándole que fue un error porque al recibir un salario por encima del mínimo interprofesional el complemento queda absorbido y compensado y se le descontó el complemento abonado en julio No comparte esta petición el Colexio. En palabras de su abogada: “La trabajadora reclama un derecho que nunca tuvo. (…) No se le ha quitado nada porque nunca lo ha tenido”.

“Es muy triste que unos problemas internos del ICA lleguen al juzgado”

Las demandas de los trabajadores están acrecentado la división entre los que defienden la gestión de la junta del Colexio y los que la critican. En privado, algunos de los que integran el segundo grupo comentan a este periódico que hay “falta de transparencia” y entienden que lo que está pasando con los trabajadores del Colexio obedece a “represalias”.

Uno de los colegiados, el cual prefiere mantenerse en el anonimato, señala que la nueva junta entró como “un elefante en una cacharrería” y está llevando a cabo un “ajuste de cuentas” al considerar que los trabajadores estaban a favor de la anterior junta.

Es muy triste que unos problemas internos del ICA lleguen al juzgado cuando lo que pregonamos los abogados es la mediación”, señala este letrado. Además, critica que se están realizando cambios sin consultar con nadie lo que provoca “polarización entre los colegiados”.

Por su parte, la decana del ICA, Marta Gómez, defendió ayer el trato “profesional” de la junta que preside a los trabajadores. Al respecto, señaló que se les pidió que cumpliesen con las funciones que especificaron que tenían, las cuales no fueron cambiadas. “Se ha tenido especial cuidado en no vulnerar los derechos de nadie”, aseguró.

A principios de 2026 se celebrarán dos nuevos juicios. Uno de ellos por el despido de una empleada del Colexio.