El Concello de Ourense afronta otro pago por tener el bus en precario

MÁS DE 150.000 UEROS

La junta de gobierno también certificó la modificación de las obras en Alejandro Pedrosa, que ya suman ocho meses de retraso

Nueve trabajadores reclamaron, además, atrasos en sus pagas.
Nueve trabajadores reclamaron, además, atrasos en sus pagas. | La region

La gestión económica del Concello de Ourense centró gran parte de la última junta de gobierno. En el ámbito del transporte público, la administración local dio luz verde a la liquidación de diciembre de 2025 para la concesionaria del autobús, a la que adeudaban 155.758,90 euros, entre las tarifas recaudadas de los usuarios y el coste real del servicio, y con la que aún tiene otras deudas pendientes.

Paralelamente, también se regularizaron las facturas de la Asociación Aixiña por el servicio del centro de día para personas mayores dependientes correspondientes a noviembre y diciembre de 2025, con importes a compensar que alcanzan conjuntamente los 13.000 euros por la actividad prestada.

En lo que respecta a las infraestructuras urbanas, la Junta de Gobierno aprobó una modificación en el contrato de obras para el acondicionamiento y mejora de los espacios en la calle Alejandro Pedrosa. Aunque el Concello insiste en que esta modificación no alterará ni el presupuesto inicialmente previsto ni el plazo de ejecución de la obra, la reforma de la calle suma ya ocho meses de retraso -debería haberse concluido en octubre del año pasado-, y esta alteración anticipa una nueva prórroga en los plazos de ejecución, que cuentan con un presupuesto de 2,5 millones de euros.

Nuevos frentes judiciales

Además, un total de nueve trabajadores interponían reclamaciones individuales contra el Concello por impagos relacionados con los complementos de nocturnidad y festividad en sus pagas extras. Estos nueve empleados reclaman atrasos que abarcan periodos comprendidos entre los años 2021 y 2025.

También del apartado judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha estimado un recurso respecto a la gestión de personal, determinando que la jurisdicción social es la competente para resolver los conflictos derivados de la contratación de personal laboral en el Concello.

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