El Concello de Ourense lidera la deuda por vecino en España

Los datos del Ministerio de Hacienda correspondientes al cierre de abril de 2026 publicados este lunes confirman los peores presagios para las empresas que trabajan con el Concello de Ourense. El nuevo informe sobre el periodo medio de pago a proveedores certifica el colapso financiero de la institución local, que se sitúa de nuevo a la cabeza de España en morosidad per cápita y compite con las mayores urbes del país en volumen total de impagos.

La radiografía de Hacienda coloca a Ourense como líder absoluto a nivel nacional en deuda comercial por habitante. De los 106 grandes municipios españoles en el régimen de cesión, Ourense es el que más castiga a sus proveedores en proporción a su tamaño. Cada vecino soporta una carga de 260,96 euros en facturas impagadas, una cifra que dispara al municipio al primer puesto del ranking nacional, superando a localidades como El Puerto de Santa María (227 euros por habitante), Parla (217 euros) o Badalona (194 euros).

En términos absolutos, el Concello de Ourense acumula un agujero oficial de 27,2 millones de euros en pagos pendientes reconocidos. Esta astronómica cifra coloca a la ciudad como la sexta de toda España con mayor volumen de deuda comercial retenida. Para entender la magnitud del atasco, Ourense -con apenas 105.000 habitantes- debe más dinero a sus empresas que gigantes demográficos que la triplican o cuadruplican en tamaño, como Sevilla (26,3 millones), Zaragoza (22,7 millones), Córdoba (21,2 millones) o Málaga (20,9 millones). Solo megaciudades como Madrid o Barcelona, junto a Badalona, Jerez y Parla, superan el volumen del consistorio ourensano.

En cuanto a la agilidad administrativa, el panorama no es mucho más alentador. El Concello tarda una media de 83,80 días en abonar sus obligaciones, lo que lo convierte en el séptimo más lento de España. Este dato supone rozar el triple del límite legal máximo permitido por la ley, fijado en 30 días.

Esta bofetada estadística constata la grave crisis institucional que vive el Concello y que estalló a mediados de este mes, cuando el propio alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, optó por eludir cualquier responsabilidad culpando al departamento de Intervención e instando a las empresas a acudir al juzgado.