Récord de peticiones en Ourense para el perdón legal de las deudas

El número de ourensanos que buscan acogerse al concurso de acreedores de personas físicas -un mecanismo contemplado en la Ley de la Segunda Oportunidad para ayudar a resolver un volumen de deudas muy alto- va en aumento.

Si durante el primer trimestre de 2021, una sola persona solicitó el inicio del proceso, el primero de 2026 se cerró con 41 solicitudes presentadas, según las estadísticas de procedimientos concursales elaboradas por el Colegio de Registradores de la Propiedad. Otro dato destacable, además, es que lleva tres años consecutivos duplicándose, pues en 2024 fueron 11 solicitudes, y en 2025 se contabilizaron 22 durante el mismo período.

En cuanto al perfil del solicitante, la letrada judicial de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Ourense Plaza n.º 4, Paula Arango, lo circunscribe a “una persona física o administrador único de un negocio que ya no ejerce. Un consumidor, no empresario, sin actividad económica actual; quien generalmente ha sido avalista de un familiar o alguien cercano o se trata de un pensionista con menores en su casa a los que mantienen con una pensión”, aunque advierte de dos perfiles que están en ascenso entre los solicitantes. En primer lugar, Arango encuentra a “extranjeros nacionalizados que arrastran varios créditos por viajar a su país de origen”, así como “jóvenes que viven en casa de sus padres, en paro o con trabajos precarios, que no se pueden independizar y encadenan microcréditos y tarjetas revolving”, en las que el margen de crédito se renueva mensualmente, pero pueden acumular intereses de hasta el 20%.

A débeda para iniciar un concurso oscila entre los 15.000 e os 70.000 euros, aínda que teño exonerado ata 200.000 euros dunha débeda matrimonial"

Cuestión de buena fe

La magistrada Águeda Rodríguez, al frente de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Ourense, Plaza nº 4, establece la horquilla más habitual de deudas para iniciar un concurso “entre los 15.000 e os 70.000 euros, aínda que teño exonerado ata 200.000 euros dunha débeda matrimonial”. A la hora de afrontar este concurso, que permite al endeudado establecer una relación clara de sus acreedores y su deuda total, el particular puede conseguir una Exoneración de Pasivo Insatisfecho (EPI), que le ayude a afrontar un plan de pagos.

Para ello, indicaba que “a boa fe agora abárcao todo. Ponlle unha obrigación de maior transparencia ao debedor porque vai ter que acreditar moitas cousas”. A raíz de una reciente interpretación del Tribunal Supremo, “o xuíz ten obrigación de oficio de examinar se concorre a boa fe, se concorren todos os requisitos necesarios”.

La jueza recuerda también que hay una serie de deudas que no podrán ser objeto del EPI, como las deudas con Hacienda y la Seguridad Social que superen los 10.000 euros, las pensiones alimenticias o las multas administrativas o penales.