RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL
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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL
El Concello de Ourense tendrá que revisar todas las carencias que hubo en la adjudicación del contrato del transporte público después de que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública (TCGal) anulase la adjudicación a la Unión Temporal de Empresas encabezada por Sagalés y Gavilanes.
A través de un comunicado, la administración Jácome aseguró ayer que “a mesa de contratación analizará as causas de exclusión trala resolución do tribunal”, intentando minimizar la contundencia del órgano administrativo, y asegurando que se trata simplemente de “retrotraer o expediente e analizar en profundidade as catro causas de exclusión”.
Sin embargo, la resolución es clara a la hora de atribuir la caída del contrato a que el Concello no hizo bien su trabajo, y que algunas de sus conclusiones fueron “insuficientes” a la hora de establecer la idoneidad de la empresa adjudicataria. Además, se muestra especialmente contundente a la hora de abordar la cuestión económica, pues en algunos casos, el coste de personal propuesto ni siquiera cubría a los trabajadores a subrogar, extremo que ya habían sido advertido por la viceinterventora municipal en un informe, tal y como se recoge en el escrito.
Si bien el gobierno municipal cree que las deficiencias observadas por el Tribunal de Contratación Pública pueden solventarse en la mesa de negociación, todo parece apuntar a que el contrato del transporte público, que superaría los 50 millones de euros, volverá a caer, obligando al consistorio a reiniciar por tercera vez el proceso de adjudiación, y alargando la precariedad del servicio -prestado en estos momentos por Avanza- al menos hasta 2027.
Fuentes jurídicas consultadas sostienen que es complicado que la administración Jácome pueda justificar las evaluaciones señaladas en la sentencia, y que el propio documento impide hacer una reevaluación, con lo que el proceso más lógico sería reiniciar el proceso de contratación. Además, las dudas levantadas sobre la solvencia de la UTE ganadora podrían conducir a nuevos recursos, lo cual alargaría el proceso de resolución.
Precisamente, las dudas sobre esa solvencia fueron uno de los apartados criticados por el tribunal, que la tachó de “insuficiente”.
El contratos en precario del bus urbano en el Concello se extenderá por lo menos hasta 2027 (lleva desde 2015) tras este revés, lo cual supone un coste adicional a las maltrechas arcas municipales, pues debe compensar los pagos de un contrato vencido con la actualización de precios y sin presupuestos actualizados.
Solo desde 2024, ese coste ha supuesto más de 30 millones de euros a las arcas, pues, hace meses la administración Jácome ya tuvo que hacer frente a un primer pago de 16 millones, de los cuales dos se corresponderían únicamente con intereses de demora. Pero aún quedan facturas pendientes por los sobrecostes correspondientes a 2025 y 2026. ya ordenados por el juzgado, que se calculan en 14,5 millones de euros más, situación que ha llegado a provocar retrasos en el pago de las nóminas de los trabajadores del servicio, que han protestado en varias ocasiones.
A esto se suma otro millón de euros pendiente de abonar por facturas ordinarias del servicio, según las fuentes consultadas.
La popular afea la “pésima xestión” del gobierno de Jácome: “Ourense merece un goberno que planifique e non improvise. Estamos a falar dun contrato de 57 millóns de euros de vital importancia para a nosa cidade e que volve retrasarse por non facer ben as cousas e pola mala xestión do alcalde, que non comprobou nin xustificou aspectos clave das ofertas presentadas”.
La edil socialista considera que, tras la resolución, “estamos ante unha nova parálise do Concello de Ourense e dun servizo público esencial que repercute no día a día dos veciños. Lle pedimos ó goberno municipal que inicie os trámites o máis pronto posible para dar cumprimento a esta resolución administrativa do tribunal de contratación e que intente solventalo á maior brevidade”.
Para el portavoz municipal del BNG, “estamos diante dunha cacicada de manual. Eu mesmo cheguei a cantar xa verás paloma como é Gavilán”, ironizó Seara, al recordar que “un dos empresarios dunha das empresas de la UTE gañadora era el firmante do pacto da Alameda co actual alcalde”, después de que dicho contrato fuese adjudicado a Gavilanes y Sagalés.
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