El control de partidas centra las alegaciones a los presupuestos

El borrador de los presupuestos aprobado inicialmente por el Concello de Ourense el pasado 21 de julio ha recibido una serie de alegaciones presentadas por José Manuel Palacios, quien fuera asesor de Gonzalo Pérez Jácome y después integrante del grupo de díscolos de Democracia Ourense.

Las objeciones presentadas por Palacios, presentadas en el registro municipal ayer jueves, piden que “se declare la nulidad de pleno derecho de las Bases de Ejecución Presupuestaria, o en su defecto, se subsanen las infracciones señaladas, suspendiendo su tramitación hasta que se ajusten plenamente al ordenamiento jurídico”, y que se trasladen “al órgano de control económico-financiero y, en su caso, al Tribunal de Cuentas, si se considera que existen responsabilidades contables derivadas”.

Recuerda Palacios que el documento fue a pleno con un informe de reparo del interventor municipal en el que “se advierte de una extralimitación normativa, al introducir regulaciones sobre materias no propias del ámbito presupuestario”, entre las que destaca “un intento deliberado de debilitar el control económico-financiero, reduciendo la función interventora a un rol meramente formal y cuantitativo”.

Presuntas ilegalidades

Además de las puntualizaciones del interventor, José Manuel Palacios argumenta en sus alegaciones que “se aprueba un presupuesto con un modelo de control interno carente de los requisitos mínimos legales, en el que se desnaturaliza la función fiscalizadora, y se consolida un sistema presupuestario incompatible con la normativa básica estatal”.

Otra de las presuntas ilegalidades que cometería el documento sería “la posibilidad de tramitar y aprobar en enero de 2025 facturas correspondientes a prestaciones ejecutadas el año anterior con efectos retroactivos”. Una medida que, según Palacios “contraviene la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha consolidado el criterio de prohibición de la retroactividad presupuestaria”, con lo que el documento no tendría validez legal.