Ourense aprueba unos presupuestos que apenas contemplan inversiones

El Concello de Ourense ha puesto fin a cinco años de prórrogas presupuestarias. En un pleno celebrado este lunes, la corporación dio luz verde a la aprobación inicial del presupuesto de 2025. Un hito que llega tarde, en julio, y envuelto en una considerable polémica por los cambios en las bases de ejecución, que otorgan más poder al alcalde para modificar la finalidad de las partidas.

Gonzalo Jácome logra sacar adelante su primer presupuesto desde que gobierna en minoría, el cual asciende a 115,89 millones, pero es un parche para que la maraña de deudas comerciales con concesionarias, proveedores y funcionarios no ahogue el municipio. El presupuesto representa un 12,4% más que las últimas cuentas aprobadas en 2020 (entonces elaboradas por el PP dentro del bipartito), pero es menor a la inflación acumulada en los últimos años (superior al 20%) y no incluye inversiones. El pleno dio luz verde a la aprobación inicial gracias a la abstención del Partido Popular, y con el voto en contra de PSOE y BNG.

“Esencial” y sin inversiones

El presupuesto es cuanto menos anómalo. Se trata de un documento “só de gastos esenciais”, según la propia concejala de Facenda, Tamara Silva, destinado principalmente a asumir el incremento de los costes de concesionarias y a gestionar la crítica situación económica en el pago a proveedores o el abono de salarios a funcionarios. Un salvavidas para evitar que el barco se hunda. Las inversiones, por su parte, son inexistentes, alcanzando apenas los 900.000 euros (un 0,8% del total), con la intención de que se sufragarán con sucesivas modificaciones de crédito con cargo al remanente de tesorería. “É un orzamento de gastos esenciais, a marxe de manobra é pouca, as inversións faranse co remanente”, reconoció Silva, quien presumió no obstante de que las cuentas aumentan el gasto social y “modernizan e humanizan” la ciudad. Cabe destacar que el mayor incremento lo experimentan los gastos de personal, que suben un 26%, pasando de 31,5 a 39,8 millones de euros.

El punto más controvertido del nuevo presupuesto radica en el cambio de sus bases de ejecución, que pasan a ser de “fiscalización limitada” y no plena. Para Tamara Silva, esto servirá para “reducir e simplificar prazos e trámites” y “optimizar” los recursos municipales, algo que para la oposición no es más que dar “carta branca” a Jácome.

El PP, decisivo

La postura del PP fue decisiva. A través de su portavoz Ana Méndez, defendió su abstención como un ejercicio de “negociación e diálogo” para sacar del letargo a la ciudad frente a aquellos que proponen el “non a todo”. Méndez insistió en que “non son os orzamentos do PP” y que, si de ellos dependiese, cambiarían “o 90% do mesmo”. Respecto a las bases de ejecución, defendió que lograron un compromiso de gasto, y que si este no se cumple, será Jácome “quen deberá dar explicacións”.

Desde el PSOE, Natalia González criticó duramente al PP por ser “útil para Jácome e letal para Ourense” firmando un “cheque en branco” a cambio de unas supuestas inversiones que saben que no se cumplirán, solo por su “cinismo”. Los socialistas afean el presupuesto por carecer de inversiones y servir, solamente, para “reeditar o bipartito e apuntalar a Jácome”.

En el BNG. Luís Seara advirtió que este presupuesto da una “carta branca” al alcalde “para destinar o diñeiro ao que el considere e gastar no que lle pete”. Para los nacionalistas, el presupuesto es un “paripé en el que los populares son “sumisos e tragan con todo”, incluso con el “sablazo” para los ourensanos con subidas impositivas, como la factura del agua.

Un presupuesto “de guerra” que nace ya modificado con posible “fraude de ley”

Previa a la aprobación del presupuesto, el gobierno local sacó adelante dos modificaciones de crédito del presupuesto todavía en vigor, una para suplementar lo social (partidas que, casualmente, no aparecen en las cuentas principales) y otra para el parque Coto de Canedo. Un modus operandi calificado de “insólito” por parte de la oposición, en especial el BNG, que denunció un “fraude de lei” que el interventor mismo corroboró a viva voz, calificándolo “trampa legal” para, con mucha inventiva, evitar que el nuevo presupuesto tenga que equilibrar ingresos y así cumplir con los requisitos que ponía el PP.

Desde el PSOE, que votó a favor de la partida social (PP y BNG se abstuvieron), Natalia González se mostró crítica con las “numerosas eivas” en política social, recordando que hay entidades “sen cobrar as subvencións dos últimos tres anos”. Y el PP, por su parte, afeó la “falta de propostas” a la izquierda, e ironizó con que no se atrevan a votar en contra de más fondos sociales, presumiendo que “estas melloras non estarían aquí sen o traballo do PP”.

Hubo también valoración del presidente provincial del PP. Luis Menor, que ensalzó la responsabilidad popular, dando luz verde a unos “orzamentos de guerra”, como los calificó, para no paralizar la ciudad: “Son uns orzamentos anómalos, anormalmente o capítulo de inversións é de só 800.000 euros, non son orzamentos normais, son orzamentos de guerra e de poñer normalidade nunhas contas que levan cinco anos desbocadas”.