Crisis en el Concello de Ourense: Jácome insta a las empresas a demandar para cobrar

La crisis por la morosidad arrastrada en el Concello de Ourense estalló de forma oficial. El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, convocó ayer una junta de portavoces para reconocer la “paralización” en el pago de facturas a los proveedores de la entidad local. Sin embargo, lejos de asumir responsabilidades por el atasco administrativo, el regidor culpó al departamento de Intervención e instó, en una maniobra inédita, a las empresas afectadas a acudir a los juzgados para forzar el cobro.

Jácome aseguró que el problema no reside en la falta de liquidez, defendiendo que el consistorio dispone de 75 millones de saldo en las cuentas bancarias. Según la versión del regidor, el bloqueo sistemático se debe a que Intervención “no fiscaliza algunas facturas”, lo que impide de manera automática que el trámite avance en los plazos legales. Ante este insólito escenario, el gobierno local comenzó a informar a los proveedores de su derecho a solicitar “medidas cautelarísimas” ante la justicia contencioso-administrativa, amparándose en el artículo 199 de la Ley de Contratos del Sector Público, y dio traslado de la situación a la Xunta para que evalúe el funcionamiento del departamento municipal -recientemente, la Xunta ya archivó una denuncia del Concello contra el interventor al constatar que no hay indicios de infracciones-.

Agujero contable

Esta parálisis confirma el agujero contable que ha convertido a Ourense en la ciudad con mayor deuda comercial por habitante de toda España. La gravedad de la situación ha quedado negro sobre blanco en el último informe de Tesorería correspondiente al mes de abril. Según este documento oficial, el período medio de pago del Concello se ha disparado hasta los 84,25 días. El informe del órgano fiscalizador advierte expresamente de que el Concello está incumpliendo de forma flagrante los plazos previstos en la ley de medidas de lucha contra la morosidad.

Las cifras del atasco resultan demoledoras: mientras el consistorio apenas abonó 3,7 millones de euros en abril, el importe de las operaciones pendientes de pago reconocidas ascendió a 26,9 millones de euros. A esta cantidad oficial hay que sumar la morosidad en la sombra de los millones retenidos en facturas sin tramitar, un total de 2.637, de las que algo más de dos mil se corresponden con el servicio eléctrico, lo que eleva el agujero a cifras incuantificables. Esto ha colocado a Ourense como la ciudad de España con mayor deuda comercial por habitante.

Todo ello bajo la amenaza añadida de un inminente Plan Económico Financiero que, debido al déficit arrastrado en el último ejercicio, inmovilizará casi 40 millones de euros de los fondos municipales.

Oposición: "Caos e vitimismo"

La respuesta de la oposición tras la junta de portavoces fue unánime rechazando el intento de Jácome de derivar la culpa hacia los técnicos. La portavoz del PP, Ana Méndez, tildó de irresponsable e injusto que el alcalde señale al interventor, rechazando que se intente meter a la Xunta en la ecuación. “O problema non nace hoxe nin apareceu de repente”, sino que es “consecuencia directa dunha forma de gobernar baseada na improvisación, na falta de planificación e nunha absoluta incapacidade para xestionar un Concello”, apuntó Méndez.

Por su parte, el grupo socialista lamentó el apagón de datos. La portavoz del PSOE, Natalia González, criticó que en la reunión “non se facilitaron nin importes, nin departamentos afectados, nin número de facturas”. Mostró su preocupación por la parálisis de la institución recordando que “unha administración funciona con provedores que cobran, con contratos que se tramitan e con facturas que se pagan”, y censuró el escapismo del regidor: “Cando algo sae ben, o mérito é do alcalde; cando algo sae mal, a responsabilidade sempre é doutro”.

Finalmente, el portavoz del BNG, Luis Seara, exigió al alcalde que “deixe de victimizarse e asuma a súa responsabilidade”. La formación nacionalista acusa al regidor de provocar este embudo al “desmantelar o departamento de Intervención co movemento constante do seu persoal e coa minoración constante de recursos”, y advierte de las nefastas consecuencias de empujar a las empresas al juzgado en lugar de “defender os intereses da institución e da veciñanza”.