Cuatro años sin cobrar la renta y sin poder recuperar su piso de Ourense

Los propietarios de un piso en el número 17 de la calle Mateo de Prado de la ciudad se encuentran en una situación límite. Tras casi cuatro años sin cobrar el alquiler y a pocos días de recuperar su vivienda, el Juzgado de Primera Instancia 1 ha suspendido in extremis el desahucio previsto para el próximo lunes. La repentina paralización del lanzamiento ha supuesto un duro mazazo, hasta el punto de que uno de los afectados precisó atención médica urgente al conocer la decisión judicial.

El arrendador, que es trabajador autónomo, se enfrenta a un escenario de riesgo financiero real. Actualmente, convive a diario con la familia de inquiokupas, ya que su vivienda habitual está situada justo encima del inmueble ocupado. A la tensión de esta cercanía se suma una asfixiante carga de gastos: debe hacer frente al pago simultáneo de dos hipotecas, a la pensión de alimentos de su hijo universitario y al inminente vencimiento de líneas de crédito que esperaba amortizar con la venta de la propiedad.

El origen del conflicto se remonta a septiembre de 2021, cuando firmó un contrato de alquiler con opción a compra, con un pago inicial de 5.000 euros. Al no cumplirse los pagos, el acuerdo pasó a ser un arrendamiento convencional desde septiembre de 2022, fecha desde la cual no consta el ingreso de ninguna renta.

En julio de 2024, el juez Javier Sole Vilas declaró resuelto el contrato, fijando una renta de 500 euros al mes. Actualmente, la deuda ronda los 21.000 euros, además de intereses y gastos de comunidad, con 43 meses impagados. A ello se suman denuncias ante NEDGIA por una presunta manipulación del suministro de gas sin contrato.

La reciente decisión judicial de paralizar el desalojo se justifica en la apertura de una pieza para evaluar la vulnerabilidad de los inquilinos, a pesar de existir un informe previo de los Servicios Sociales del Concello de Ourense y una sentencia firme.

El letrado de oficio de los inquiokupas, José Luis Rodríguez Atanes, presentó alegaciones basadas en esa vulnerabilidad y en un marco legal hoy inexistente. Según los propietarios, la suspensión carece de respaldo porque el llamado “escudo social” caducó el 31 de diciembre de 2025 y su prórroga no prosperó en el Congreso de los Diputados.

“No estamos ante una cuestión interpretable, no existe norma vigente que permita esta suspensión”, señala la abogada Digna Martínez Nogueira, que impulsa el desahucio.

Mientras el juez resuelve el recurso, el tiempo juega en contra del propietario, cuya viabilidad económica pende de un hilo. La venta del inmueble, prevista como única salida, ha quedado bloqueada, agravando mes a mes su situación y prolongando una convivencia que su entorno califica de insostenible.

Fuentes del sector advierten de que este caso podría sentar un precedente, abriendo el debate sobre el margen real de los jueces para frenar sentencias firmes apelando a la vulnerabilidad sin una norma extraordinaria vigente.

Cazado en una obra en febrero de 2025 tras alegar incapacidad

La vulnerabilidad que busca paralizar el desahucio, con un nuevo informe de los Servicios Sociales del Concello, ya consta en otro emitido en diciembre de 2024. En dicho documento municipal, el inquilino, José Manuel G.G., aseguró padecer patologías de salud que le impedían “la realización de actividad laboral”. El abogado asegura que solo hay una fuente de ingresos -700 euros- de una pensión de incapacidad de la mujer, además de vivir con una hija embarazada.

Un informe elaborado por la agencia de detectives contradice esta versió. A través de una investigación privada, comprobó y documentó gráficamente que el varón se encuentra trabajando de manera activa en el sector de la construcción. Durante los seguimientos realizados los días 7 y 18 de febrero de 2025, fue fotografiado vistiendo ropa de trabajo y realizando labores ininterrumpidas propias de la obra en un chalé de Pereiro de Aguiar.