Demanda al Concello de Ourense: “Hay policías que utilizan prendas de uniformes de otros concellos”

La demanda que interpusieron 62 policías locales contra el Concello por no habilitar los medios de protección necesarios para el desempeño de su trabajo llegó el miércoles al Juzgado Social 1 de Ourense.

El abogado que representa a los agentes, Alejandro Gil Murillo, fue el primero en tomar la palabra. Explicó que una vez que interpusieron la demanda se incrementaron “de buenas a primeras” protocolos y se dictó una providencia por parte de la Concejalía de Seguridad Ciudadana del Concello solicitando el incremento de crédito de partidas presupuestarias de la Policía Local. “Son actuaciones tendentes a disfrazar los múltiples incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales”, indicó.

En su intervención, señaló que hay falta de medios en la Policía Local. “Hay agentes de este cuerpo que tienen diferentes uniformes de otros cuerpos de Policía de otros concellos”, señaló al respecto. También apuntó, entre otros ejemplos, a la falta de sistemas de manos libres para los policías que circulan en motocicleta. “Desde 2019, (el Concello) viene desatendiendo de manera evidente todas las obligaciones que tiene en materia de prevención de riegos laborales”.

Además, denunció que desde que se presentó la demanda el Concello tomó medidas de “castigo y represión” contra algunos de los agentes. En este sentido, señaló que a uno de ellos se le trasladó de la sala de comunicaciones a realizar servicios en la vía pública con un horario de trabajo diferente. Asimismo, Alejandro Gil aseguró que el Concello inició diferentes expedientes disciplinarios por absentismo laboral, una medida nada habitual.

Esta parte llamó a declarar a un policía local. El agente indicó que hay un déficit de personal importante y se quejó de que se hagan servicios en solitario, lo que explicó que es “muy peligroso”. Por otra parte, señaló que hay excesos de jornada ordinaria y que se compró material que no se puso a disposición de los agentes. “No sabemos dónde está”, añadió.

En la misma línea del abogado, indicó que “tenemos compañeros que andan con el uniforme de otro concello”.

Abogado del Concello

Por su parte, el abogado del Concello, Pablo Quintas, solicitó que se desestime la demanda. Entre sus argumentos, señaló que en el escrito no hay concreción de daños concretos, ya que habla de daños psicológicos de forma genérica. Además, aseguró que la demanda se limita a reproducir notas de prensa y negó que hubiese falta de formación para los agentes.

También se pronunció sobre la cuantía de la demanda: 147.000 euros por cada agente. A su parecer, es “absolutamente desproporcionada” y al respecto señaló que hay alguna sentencia que recoge hechos, en su opinión, más graves y cuya indemnización fue mucho menor a la que se pide en este procedimiento.

Una de las declaraciones más importantes fue la de la intendente María Barrera, jefa de la Policía Local. En su testimonio, indicó que no es verdad que los escudos y equipos de protección estén guardados bajo llave. Al respecto, señaló que sí que lo estuvieron en algún momento, pero ya hace tiempo que no y que actualmente los agentes pueden acceder a estos equipamientos.

Respecto a los servicios en solitario, afirmó que son una excepción y que sí que es cierto que a veces el turno se alarga y puso como ejemplo el caso de que haya un accidente. Respecto a los medios materiales, aseguró que en todos los cascos de motocicleta se instalaron dispositivos de comunicación y reconoció que no todos los policías recibieron todas las prendas que solicitaron.

Tras la sesión de este miércoles, falta una fase de conclusiones, tras la que el caso quedará visto para sentencia.